Ese estallido, en el comienzo del primer mandato de la socialista Bachelet, se convirtió en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile, superando a las producidas en 1972 durante el gobierno de Salvador Allende y su proyecto de la Escuela Nacional Unificada y durante la década de 1980 contra las políticas educacionales del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Ayer, a dos días del aniversario de la primera manifestación estudiantil, los alumnos chilenos volvieron a hacer oír sus reclamos, incluso dentro del Palacio de La Moneda al que ingresaron simulando ser turistas.
Según dijo el experto Garcés Durán a la BBC Mundo, en los últimos 30 años hubo un boom de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas) que hoy reciben a más del 60 por ciento de los alumnos de primarias y secundarias.
En tanto, en el nivel terciario también surgieron una treintena de universidades privadas, que hoy representan el 60 por ciento del
sector y cobran matrículas de entre 300 y 1200 dólares.
Según Garcés Durán, se trata de un sistema «perverso», que deja a miles de jóvenes chilenos de clase media y baja endeudados ni bien terminan de estudiar, ya que los créditos universitarios se empiezan a pagar desde el primer empleo.
«La educación dejó de ser un mecanismo de movilidad social en Chile y pasó a ser lo contrario: un sistema de reproducción de la desigualdad», afirmó.
Curiosamente, el alza en el costo del PSU (Prueba de Selección Universitaria) y la restricción del uso del pase escolar a sólo dos veces al día fue lo que encendió la mecha del estallido de la «revolución de los pingüinos» de 2006, como se conoció a la protesta de los secundarios por el color blanco y negro de sus uniformes.
Diez años después, los entonces dirigentes -hoy en su mayoría profesionales, padres o políticos- comentan que ese movimiento no sólo abrió la puerta para que en 2011 los universitarios pudieran levantar sus propias demandas, sino que puso a la educación en el centro de la discusión.
«Hoy la educación es una prioridad nacional, y eso sin duda es mérito del movimiento en que nos tocó participar», señaló hace dos semanas el ex líder del movimiento secundario, Julio Isamit, en declaraciones al diario La Tercera, en ese entonces secretario ejecutivo del centro de alumnos del Instituto Nacional y ahora coordinador general del conservador movimiento Republicanos.
Rodrigo Faúndez Carreño, licenciado en Historia y profesor de literatura y lengua sostiene que no es casualidad que los estudiantes que ingresan a las universidades tradicionales -denominadas así por ser fundadas antes de 1979 y organizadas en torno a un consejo de rectores- «provengan de los mejores centros educativos, pero representan sólo el 30 por ciento de la población estudiantil».
«El resto de la población secundaria, cuando opta por la educación superior accede a centros privados con aranceles que bordean los 420 dólares mensuales (210.000 pesos) en contraposición con un salario mínimo valorado en 340 dólares (170.000 pesos)», dice.
En ese marco se entiende la insatisfacción que perdura en el movimiento estudiantil ante avances parciales propuestos por Bachelet desde el año pasado, y obstaculizados por los partidos de derecha y sectores del poder judicial.
La mandataria anunció en su cuenta pública que la gratuidad garantizada por el Estado de la educación universitaria favorecerá en 2016 a 264.000 jóvenes de muy bajos recursos, y que se amplió en un 16% los fondos disponibles para becas.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los requisitos para ampliar los beneficios de la gratuidad en la educación superior.
«Lamentablemente, algunos parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y pidieron que la norma fuera declarada inconstitucional e inaplicable», dijo Bachelet la semana pasada, y pese a que lamentó que menos estudiantes tendrán ese beneficio en el 2016, aseguró que «la gratuidad va a partir del próximo año».
Por esas dilaciones forzadas que buscan mantener la educación como negocio, sumadas a la gradualidad dispuesta por el gobierno para compensar con recursos públicos el costo a cargo de una parte de los jóvenes en condiciones de extrema pobreza, el estudiantado sigue en las calles, en un debate sin precedentes en la historia política de Chile.
Fuente: Telam
