Con 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 amenazas de muerte a líderes sociales, seis masacres y cinco asesinatos de excombatientes de las antiguas Farc-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que el 2021 ya es el inicio de año más violento desde la firma del acuerdo de paz. Estos datos los reveló el Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
En el periodo que abarca el primero de enero al 24 del mismo mes de 2021, se conoció que cada 41 horas se registró un homicidio contra alguna persona que ejerce un rol de liderazgo en territorios ya que se dieron 14 casos de líderes sociales muertos principalmente en el Valle del Cauca y Antioquia.
La JEP encontró que cada cinco días fue asesinado un excombatiente de la antigua guerrilla que estaban en proceso de reincorporación, ellos fueron: Yolanda Zabala, Duván Galíndez, Cristian Ramírez, Giovani Claro y Juan Carlos Correa. Sin embargo, el tribunal no se atreve a afirmar que los asesinatos se estén dando por parte de una sola estructura ilegal ya que registran presencia tanto de disidencias como de grupos sucesores del paramilitarismo.
En su informe, la Unidad de Investigación y Acusación detalló que cada cuatro días se dio una masacre, siendo la última la que se dio en Buga y, de nuevo, los departamentos más afectados fueron Antioquia y Valle de del Cauca. Entre los grupos armados que tienen presencia en estos lugares están el Clan del Golfo, en Betania, el Frente 3 que funciona bajo las órdenes de Gentil Duarte, en Florencia; el Frente de Guerra Occidental del Eln, Frente de Coordillera Sur del Clan del Golfo y Los Rastrojos en Cali; Frente de Guerra Suroccidental del Eln, en Popayán; subestructuras Julio César Vargas y Rubén Darío Ávila del Frente Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, Frente de Guerra Darío Ramírez del Eln, Frente 18 del Gentil Duarte y Los Caparros, en Tarazá, Antioquia.
Por otro lado, las cifras de personas desplazadas forzosamente llegaron a 200 y 57 familias fueron víctima de afectaciones, además de 80 familias en Tibú, Norte de Santander, confinadas por el constante enfrentamiento entre la guerrilla del Eln, Los Rastrojos y el Ejército Nacional.
En el reporte se conoció que en el mismo periodo de tiempo, en 2017 y 2018 no se presentaron masacres, pero en 2018 fueron tres, en 2020 cinco y este año fueron seis. Con respecto a los homicidios a excombatientes, tanto este como el año pasado se dieron cinco en este periodo de tiempo, en 2918 4 y en 2019 2. En 2017 no hubo.
Sin embargo, el periodo de 2021 no es el que más homicidios a líderes sociales reporta, este puesto lo tiene el 2020 con 32, seguido del presente año con 14, con 11 cada uno el 2017 y 2019 y el 2018 con 10. Este es el único ítem que mantiene dígitos de dos cifras en los cinco años estudiados.
La JEP explicó que la UIA conoce las alertas sobre las amenazas que pueden estar limitando el cumplimiento del derecho a la verdad y a la no repetición. “El propósito de estos reportes es garantizar la participación afectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y los comparecientes en los proceso en los que avanza la JEP en los territorios”. Finalmente explica que el monitoreo se enfoca en los más de 12 mil comparecientes ante el tribunal, las más de 300 mil víctimas que se acreditaron y de las 112 organizaciones de víctimas y de la sociedad civil que presentaron sus informes.
