El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, amplió su denuncia contra la líder de la agrupación Tupac Amaru,Milagro Sala, y ex funcionarios de la gestión Eduardo Fellner, en la que los acusó de formar parte de una «asociación ilícita» que desviaba fondos del Estado destinados para edificar viviendas.
Según el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la dirigente kirchnerista fue sindicada como «jefa» de una organización constituida por cooperativas que se apropió de $1.634.444,21 que iban a utilizarse para obras y que no fueron ejecutadas.
La denuncia involucra además a los titulares de 13 cooperativas, así como al ex vocal social del Instituto de la Vivienda, Pablo Tolosa y al ex presidente de ese organismo Lucio Abregú. Ambos funcionarios respondían al ex gobernador Eduardo Fellner y encabezaban la institución encargada de la política habitacional de Jujuy.
El escrito lleva las firmas del fiscal de Estado, Mariano Miranda, la procuradora general provincial, Josefa Herrera y el actual presidente del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Walter Morales.
El planteo judicial apunta a una serie de maniobras realizadas entre enero y mayo del año pasado, en la que participaron doce cooperativistas y ex funcionarios provinciales del Instituto de la Vivienda. Allí, se detectaron irregularidades en 30 convenios suscritos con entidades vinculadas a la Tupac Amaru, que tenían el objetivo de poner en pie soluciones habitacionales y mejoras de infraestructura social.
En los expedientes bajo sospecha no se registró que las obras comprometidas se hayan edificado ni tampoco consta dónde habrían sido construidas. Allí, se establecían dos pagos de entre 63 y 56 mil pesos por cada proyecto, cuyo destino se desconoce.
«Las cooperativas debían finalizar la obra en un plazo de 30 días corridos, sin embargo ha transcurrido más de un año sin que se haya dado cumplimiento. Tampoco consta la emisión de Certificados de Obra, pese a que la Cláusula Cuarta Parrafo «b» obliga al ejecutor a la confección de los mismos», sostiene el texto de la denuncia.
En esas maniobras, los fiscales del Estado entendieron que hubo un «proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos de la utilización que correspondía dárseles». De esta manera, por ser la presunta «jefe» del accionar delictivo, Sala fue acusada de «asociación ilícita agravada» y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública, ya que habría «un daño directo» al apropiarse de fondos «necesariamente destinados a la construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales e infraestructura».
En relación a los funcionarios involucrados, el escrito acusa a Tolosa, Abregú y a Marta Gutiérrez, jefa del Departamento Administrativo Financiero del IVUJ, de ser «quienes firmaron los convenios de obra y dieron la orden de pago sin respaldo técnico necesario».
En diálogo con TN, el fiscal Miranda dijo también que se apunta a unos 29 millones de pesos por el programa Mejor Vivir. «Se ha detectado que no se realizaron las obras» para las que las cooperativas recibieron el dinero, afirmó.
«Si se logra acreditar el relato de hechos denunciados, hay delitos -la asociación ilícita agravada- con penas máximas de hasta 20 años. De todas manera eso depende de la merituación y la prueba recolectada», explicó el fiscal.
La ampliación de la denuncia contra Sala y los cooperativistas se produce luego de su detención el fin de semana en su casa de la capital jujeña, acusada de «instigación a cometer delitos» y «tumultos». Esa denuncia surgió porque la diputada del Parlasur instaló un campamento hace varias semanas frente a la gobernación de Jujuy, en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales.
El lunes, la Justicia de Jujuy rechazó un hábeas corpus presentado por los abogados de Milagro Sala, por lo tanto, la líder de la Tupac Amaru seguirá detenida.
