El plan de viviendas que la organización de derechos humanos llevaba a cabo con fondos públicos hasta ahora en las provincias de Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Río Negro y dos municipios del conurbano bonaerense ya no será administrado por la misión Sueños Compartidos, que condujo su apoderado Sergio Schoklender hasta el momento de estallar el escándalo.
A partir de ahora, serán manejadas por las administraciones provinciales o municipales y por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación.
«Los fondos siempre los giró la Nación a la Jefatura de Gabinete, nosotros lo pasábamos a las Madres y lo certificábamos. Ahora pasa a depender todo del Instituto de la Vivienda», explicó Escobar.
De esta manera, la Fundación Sueños Compartidos ya no administrará fondos, lo que implica que no pagará sueldos ni contratará a otras empresas, algo que quedará en manos de cada municipio o provincia.
Al respecto, Escobar precisó que»la fundación no estará más en la administración», ya que «pasa a cambiarse la responsabilidad en cuanto al manejo directo de los fondos, que dependerá de cada instituto».
El jefe de Gabinete de Misiones precisó que «la unidad ejecutora» que maneje los fondos «va a construir con empresas privadas», descartando de esta manera que pueda repetirse lo ocurrido con Meldorek.
Sin embargo, el funcionario misionero aclaró que «la fundación no se apartará totalmente», porque «seguirán dentro del programa como proveedores, con la modalidad de construcción de paneles».
Además, Escobar señaló que la situación será diferente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la fundación seguirá manejando fondos «en la construcción de alrededor de tres mil viviendas».
