La reunión, que se realizaría el jueves, llega una semana después de que la comisión de Legislación General avanzara en el estudio del proyecto, en una reunión en la que las diferentes bancadas dejaron expresados sus puntos de vista.
El hecho de que en esa reunión no hayan sido expresadas diferencias de fondo en torno al proyecto y que el oficialismo parlamentario admitiera la posibilidad de que se le realicen cambios al texto original, son síntomas favorables de cara a la posibilidad de que se pueda firmar el dictamen.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, los opositores Graciela Camaño (Peronismo disidente) y Juan Casañas (radicalismo) aceptarían esta semana la realización de la reunión conjunta, que la semana pasada le negaron a la titular de Legislación General, Vilma Ibarra.
Camaño ya dio el visto bueno para participar de la reunión plenaria, aunque programó para el miércoles una reunión de su comisión en la que se debatirá el proyecto del Poder Ejecutivo.
Casañas aún no se definió sobre la asistencia de su comisión al plenario, aunque allegados a la conducción de la bancada radical y diputados que representan al sector agropecuario adelantaron a Télam que «seguramente la convocará».
Si para el miércoles no se avanza en la convocatoria al plenario se pedirá en la próxima sesión -prevista para ese día- que el cuerpo fije la fecha y hora de un plenario, según se aprobó en una votación realizada en Legislación General.
En el debate del pasado miércoles, la mayoría de los bloques expresaron su acuerdo en avanzar con el proyecto, más allá de algunos matices en cuestiones que no son centrales y que podrían derivar en disidencias parciales por parte de algunos diputados.
La ley limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.
Entre los puntos que oposición y oficialismo intentarán acordar durante la semana y en el plenario de las comisiones se encuentra el que fija el tope de tenencia en «unidades económicas, por distrito o región».
Desde la oposición, e incluso algunos diputados oficialistas piden que se revise lo que significan mil hectáreas en cada zona y área productiva».
Bloques de concepción centroizquierdista, en cambio, piden que se baje de 20 a10 por ciento el límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros; y que el 20 por ciento sea en cada provincia y/o municipio.
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, puso de relieve que el Congreso avance en la cuestión de limitar la venta de tierras a extranjeros, aunque se mostró a favor de realizar cambios a la iniciativa del Poder Ejecutivo y estimó que «existe voluntad para que la iniciativa salga con el mayor consenso».
«Que haya una ley sobre este tema por consenso sería un rasgo de madurez del Congreso. Creo que nos podemos poner de acuerdo y elaborar un proyecto común», sostuvo Alcuáz a Télam y consideró que «este debate sería excelente oportunidad para reconocerle la titularidad de las tierras a los pueblos originarios».
Por su parte el diputado radical y dirigente de federación Agraria, Pablo Orsolini, agradeció la iniciativa del bloque del Frente parala Victoriade avanzar con el tema «a instancias del pedido quien les hizola Presidentaenla Asamblea Legislativa» y evaluó la posición de las restantes entidades agropecuarias en torno al proyecto.
«La Leyde Tierras es una de las principales banderas dela Federación Agrariay hemos recibido un total acompañamiento de Coninagro; en cambiola Sociedad Ruraly Confederaciones Rurales Argentinas no lo impulsan pero tampoco ponen “palos en la rueda”», agregó.
Alejandro Rossi, del Frente parala Victoria, pidió tener en cuenta que la propuesta del Poder Ejecutivo no gira en torno a «si el extranjero puede o no ser propietario» sino al análisis de la tierra como «parte central del proceso productivo de Argentina».
«No es una modificación en términos de derechos, sino en términos de producción», advirtió.
