El titular del Programa de Atención Medica Integral (PAMI), Luciano Di Cesare, fue procesado en la causa que investiga el uso de fondos de la entidad para comprar letras del Estado en lugar de garantizar las prestaciones para jubilados.
Al tomar la decisión, el juez Claudio Bonadio argumentó que el PAMI sólo podría legalmente financiar al Estado si prestara un servicio de calidad y tuviera excedentes, algo que no sucedió.
Como parte de la investigación, el magistrado indagó también al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, al ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos.
Bonadio dispuso además «trabar formal embargo, sobre los bienes y dineros del nombrado, suficientes hasta cubrir la suma de pesos» contra Di Cesare y ordenó que se presente en su tribunal «dentro de las 72 horas de anoticiado, con el objeto de notificarlo, imponerlo del embargo y extraerle triple juego de fichas dactilares», según el fallo al que tuvo acceso Infobae.
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña, quien denunció que, en 2012, el PAMI tenía aprobado un presupuesto para todo el año de 26 mil millones de pesos, pero habría usado parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro con el objeto de financiar los gastos del Gobierno.
En su declaración indagatoria, Di Cesare argumentó que la compra de Letras no sólo fue legal, sino que resultó en una operación exitosa para el organismo. «La diferencia de los intereses entre tener el dinero en plazos fijos y haber adquirido las Letras del tesoro fue más de 293 millones de pesos», argumentó en aquel entonces.
