Gobernabilidad, una renovación política largamente demorada y una bomba salarial por desactivar en los municipios. Así podría resumirse el temario del encuentro que María Eugenia Vidal y Sergio Massa compartieron el jueves de la semana pasada, a solas, como reveló ayer Ámbito Financiero.
La gobernadora bonaerense electa llegó a la casa del tigrense con la necesidad de que los legisladores del Frente Renovador la ayuden a aprobar un presupuesto propio, pero también una serie de instrumentos financieros que le permitan iniciar una gestión que pueda hacer algo más que pagar sueldos: principalmente, bonos para deudas de larga data con los proveedores del Estado provincial.
La dirigente macrista necesita también una nueva ley de ministerios, para modelar un gabinete a su medida, y apoyos para designar las autoridades de las cámaras de la Legislatura, donde el kirchnerismo espera dar batalla.
Massa la recibió con un asado de entraña y ensaladas, con un viejo anhelo y con la alerta de una bomba que podría estallar el 6 de enero de 2016. El viejo anhelo es conocido: impulsar una reforma política para poner fin a la reelección indefinida de los intendentes y legisladores, terminar con las listas sábana y la introducción del voto electrónico.
Le propuso reformar también la ley orgánica de los municipios a fin de dar mayor autonomía a los intendentes (para conducir sus policías o firmar convenios con otros entes).
Pero la alerta y la preocupación principal que compartieron el tigrense y la gobernadora electa se centró en una herencia que dejó Daniel Scioli: la ley 14.656, sancionada a fines de 2014 y promulgada por el gobernador saliente el 6 de julio pasado, para que comience a regir a más tardar el 6 de enero.
La ley establece el régimen marco de empleo municipal, que garantiza derechos laborales demorados por décadas por los barones del conurbano, que de hecho podían regular por decreto la relación con sus empleados. La regla era clara: a mayor fortaleza política del intendente, menor margen de negociación con sus empleados.
Entre otros cambios, la nueva norma fija cupos mínimos de contratados (20%), restablece el adicional por antigüedad (el ex gobernador Eduardo Duhalde había quitado un 2% a esa cuota) y, básicamente, garantiza que haya negociaciones paritarias individuales en cada municipio.
El dilema de los intendentes -y en esto coinciden, sotto voce, macristas, radicales, massistas y kirchneristas- es que esa negociación con los gremios se dará, en muchos municipios, con jefes comunales recién llegados al poder, sin demasiadas precisiones sobre el estado real de las cuentas municipales y de la cantidad de empleados que heredarán de sus antecesores. Y podría desembocar en una escalada superlativa de sus gastos corrientes.
«Es una bomba que está por explotar», señaló a LA NACION un intendente al tanto de las conversaciones entre Vidal y Massa. La intención de los nuevos jefes comunales es postergar la entrada en vigor de la ley, para permitir que tomen contacto con la realidad de las cuentas municipales antes de entrar en negociaciones con los gremios. La resistencia no se hará esperar.
Para cuantificar la magnitud del impacto de esta norma: sólo 2 de los 135 intendentes bonaerenses firmaron un convenio colectivo con sus empleados: Gustavo Posse, en San Isidro, y Raúl Othacehé, en Merlo. En este último caso, luego de perder la PASO y quedarse sin posibilidad de seguir en el cargo.
La Nación
