El fiscal Gerardo Pollicita imputó este miércoles a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido del recorte que dispuso en el Plan de Seguridad Alimentaria, durante su estadía al frente del Ministerio de Desarrollo Social nacional.
La ley que creó el Plan de Seguridad Alimentaria dispuso expresamente que sus fondos son intangibles. Sin embargo, durante su mandato, Alicia Kirchner, dispuso un recorte. Por eso fue denunciada en la Justicia por el dirigente de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes.
Enterada de la denuncia, Alicia Kirchner dispuso que se devuelvan los fondos recortados en el presupuesto 2015. Aún así, el fiscal dictaminó que los hechos denunciado por el dirigente de la CC ARI configuran un delito penal y, en consecuencia, dispuso el requerimiento de la instrucción y solicitó al juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional 3, la producción de medidas de prueba.
«La ley es clara: los fondos de este programa son intangibles, no pueden ser tocados, justamente porque están destinados a ocuparse de los casos más urgentes, que es el combate contra la desnutrición», señaló Reyes.
«El gobierno kirchnerista que reconoció que dejó de medir los pobres de nuestro país, ha incumplido con el plan que estaba destinado a atender a uno de los problemas más urgentes, que es la desnutrición de nuestros chicos», agregó.
