La operación de corrupción tuvo epicentro en la Comunidad Valenciana, un histórico feudo conservador que en las últimas elecciones pasó a manos de la izquierda y los socialistas.
La investigación se centra en el pago de comisiones por la concesión de contratos públicos de la administración local y regional, que se deriva de una denuncia contra la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), según fuentes de la investigación citadas por la prensa española.
La Guardia Civil arrestó a un total de 24 personas en las ciudades de Valencia, Castellón y Alicante, y efectuó 33 allanamientos.
Uno de los detenidos es un político del PP retirado, Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, ex jefe del partido a nivel provincial y ex alcalde de Xativa. La Guardia Civil lo acusa de «blanqueo y corrupción».
También fue arrestado el ex diputado y ex vicesecretario de Organización del PP en Valencia, David Serra, imputado en el caso Gurtel, que se ha convertido en una de los mayores escándalos de corrupción destapados en España.
Los agentes allanaron las oficinas del grupo municipal del PP de Valencia y arrestaron allí a una secretaria y una ex concejal, esposa de un implicado en el caso Nóos, la trama corrupta liderada presuntamente por Iñaki Urdangarín, esposo de la hermana del rey Felipe VI.
La investigación salpica la gestión de la ex alcaldesa del PP Rita Barberá, una figura emblemática para los conservadores y quien ahora se desempeña como senadora, avalada por Rajoy, presidente del gobierno en funciones desde los comicios del 20 de diciembre.
De acuerdo con fuentes citadas por el diario El Mundo, la causa investiga también una presunta financiación ilegal del PP de Valencia.
A raíz del escándalo, el PP anunció que el «Comité de Derechos y Garantías había suspendido de militancia a los personas detenidos en el curso de la operación desarrollada hoy en Valencia».
Además, recuerdan que Alfonso Rus ya había sido suspendido en mayo de 2015.
La Comunicad Valenciana y el ayuntamiento de la capital estuvieron en el centro de uno de los casos de corrupción sonados de los últimos años, la trama Gurtel, una red de empresas creadas en torno al PP que se adjudicó contratos millonarios a cambio del pago de comisiones en varias regiones gobernadas por el partido.
La causa que originó la «Operación Taula», se inició en julio de 2014 y la Fiscalia Anticorrupción ha imputado por ahora a 29 personas entre políticos y empresarios relacionados con las adjudicatarias de los contratos irregulares. Entre las empresas implicadas en el caso figura una dedicada a la construcción, Ciegsa, y otra de comunicación, Engloba.
La Guardia Civil ha efectuado embargos preventivos de 252 cuentas bancarias e incautado 150 automóviles de alta gama.
Fuente: MinutoUno
