El juez federal Sebastián Casanello cerró hoy el expediente penal contra Mauricio Macri por supuesta «sedición», un caso en el que el Presidente estaba acusado de haber firmado decretos de necesidad y urgencia en violación de la ley.
El fiscal Federico Delgado había pedido la desestimación de la denuncia, en un dictamen en el que sostuvo que la firma de los decretos no era «ilegal», más allá de su legitimidad. Poco margen tenía entonces el juez, que hoy afirmó: «Me veo impedido de pronunciarme a favor de la continuidad del proceso pues la ausencia de acusador determina inexorablemente su cierre».
Casanello afirmó además que es al fuero contencioso administrativo al que, en todo caso, tendrían que recurrir los denunciantes para que determine si se cumplen o no los requisitos constitucionales para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
El viernes pasado fue Delgado quien desestimó la denuncia realizada por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que había acusado al Presidente de cometer los delitos de sedición y abuso de autoridad.
Cuestionaron entre otros los decretos que disminuyen el presupuesto educativo, los que postularon a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces en comisión para la Corte y el que disuelve la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales (Afsca).
Aval en el Congreso
Más allá de la denuncia, el Gobierno avanzó en el Congreso para conseguir en comisión el aval a seis DNU. Fue una victoria a medias, porque el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, anticipó sus reparos a dos decretos clave: el que deroga la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias y el que propone la creación de la Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Ante el riesgo de un eventual rechazo a ambos decretos -lo que implicaría un enorme costo político para el Gobierno- los miembros oficialistas de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debieron posponer su tratamiento hasta el martes próximo.
Los DNU que obtuvieron dictamen fueron las modificaciones a la ley de Ministerios (13/15 y 223/15); la eliminación del artículo 52 de la ley de presupuesto 2016 (211/15); el traslado de las escuchas judiciales de la Procuración General (a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó) a la órbita de la Corte Suprema (256/15); la postergación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (257/16); y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel (276/16).
La Nación
