El juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras elderrame de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el Gobierno provincial o algún ente vinculado, y dispuso que las autoridades «provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados» en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados.
En una resolución a la que Infobae tuvo acceso, el magistrado exhortó «a las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame de cianuro».
Además, ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de las localidades de Jáchal e Iglesias para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud. Para ello, se extraerán muestras de sangre y orina de las presuntas víctimas y se realizarán entrevistas para saber si hay síntomas vinculados al consumo de cianuro y otros metales pesados.
Esta decisión está íntimamente relacionada con un estudio de sangre realizado en un niño de 5 años que presentaba algunos síntomas y en el que se detectó arsénico en el cuerpo del menor. Según explicó a Infobaeel abogado Diego Seguí, que representa a uno de los denunciantes en San Juan, ahora se mandó a estudiar sangre, orina y cabellos de sus familiares, y los resultados estarán el martes.
Casanello también convocó al prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, quien fuera el perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania, para prestar su testimonio en la causa.
«Lo más importante es que por primera vez va a haber controles ajenos al Gobierno de San Juan, que siempre ocultó y jugó a favor de la megaminería», evaluó en declaraciones a Infobae el abogado Enrique Viale, que representa a la asamblea de vecinos «Jáchal no se toca».
Por último, el juez solicitó a la Universidad Nacional de Cuyo que, de manera urgente, realice un estudio de las aguas subterráneas de Iglesias y Jáchal, puesto que los vecinos temen que el cianuro se haya filtrado a las napas. Y pidió un análisis del suelo y de distintas especies vegetales y animales, para intentar determinar la presencia de cianuro y metales pesados. Los trabajos sedimentarios son muchos más profundos y precisos que los del agua.
La decisión de Casanello llegó después de que el lunes se reuniera con representantes de la asamblea «Jáchal no se toca», que fueron aceptados como querellantes en la causa iniciada por el abogado Mariano Aguilar, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP). En el encuentro, los vecinos le manifestaron al magistrado su preocupación por la falta de certezas acerca de las reales dimensiones y consecuencias del derrame de cianuro y la presencia de una mina cerca de sus hogares.
La incertidumbre tiene su fundamento. La empresa Barrick Gold, dueña del yacimiento, el Gobierno de San Juan y los organismos dependientes del Estado provincial han negado sistemáticamente cualquier tipo de consecuencia. Sin embargo, cada vez más estudios independientes contradicen esa afirmación.
Los primeros estudios que refutaron la información oficial fueron los de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la UTN de Mendoza. El primero de ellos encontró que el agua potable en Mogna está contaminada. A partir de ese momento, Barrick Gold se negó a seguir financiando los análisis. Le siguió un duro reporte de dos organismos que dependen de Naciones Unidas y un estudio privado encargado por una jubilada sobre el agua de la localidad de Tamberías.
En febrero surgieron dos pericias fundamentales. Por un lado, una pericia de la Policía Federal determinó que se contaminaron cinco ríos. Y, lo más grave, por primera vez un organismo oficial consideró que se había cometido un delito al violar la ley de Residuos Peligrosos.
Por otro lado, transcendió un estudio realizado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, hoy Ministerio, que fue ocultado por las autoridades y filtrado por los empleados. Ese trabajo, publicado por La Nación, encontró fallas en el sistema de gestión ambiental y mantenimiento de Veladero y precariedad en la estructura y fallas en el diseño del canal que transporta la solución cianurada. Todo, en lo que Barrick Gold había dicho que era el yacimiento más seguro del mundo.
En el expediente que se tramita en la Justicia federal están acusados los ex secretarios nacionales de Ambiente y Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayol, respectivamente, el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y el ex secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello, además de varios ejecutivos de Barrick Gold.
Sin embargo, no está claro si Casanello se quedará con el caso. Sucede que hay otro expediente abierto en Jáchal y que tiene el juez Pablo Oritja. La cuestión deberá zanjarla la Corte Suprema. El caso quedará en Buenos Aires si el máximo tribunal considera que el derrame también afectó a las provincias de San Luis y Mendoza, donde desemboca el río Jáchal.
En San Juan, en tanto, hay nueve gerentes de Barrick Gold imputados y si bien el juez Oritja anunció que ya resolvió si los procesa o no, está esperando que se notifique su decisión para hacer públicos los detalles de su fallo.
El derrame se produjo entre el 12 y 13 de septiembre en la mina Veladero. Se conoció a través de los empleados del yacimiento, la mayoría de ellos de la zona, que avisaron a sus familiares. La empresa y el Gobierno de San Juan lo negaron en un primer momento y luego rechazaron su real dimensión, hasta que 10 días más tarde aceptaron que 5 millones de litros de solución cianurada se fugaron y una quinta parte de la solución cayó al río Potrerillos.
