El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió hoy que el proyecto parlamentario de doble indemnización que quiere impulsar el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, ante situaciones de despidos, «no es un tema que está en la agenda». Lo dijo en momentos en que surgen alertas desde los sindicatos por el número total de desvinculaciones desde principios de año en el mercado laboral, tanto del sector público como privado.
«No lo hemos discutido este tema. El comienzo de la gestión ha sido muy complejo. En términos de empleo, el hecho de que el gobierno kirchnerista haya dejado 4 o 5 meses sin pagar los certificados de obras, lo que ha tenido un impacto en un sector determinante como es la construcción», indicó.
Al respecto añadió: «Eso lo estamos corrigiendo, nos estamos poniendo al día con mucho esfuerzo».
«Me parece que hay que esperar… Yo creo que no es un tema que está en la agenda hoy lo que propone Moyano», manifestó Frigerio en diálogo con radio Mitre.
El viernes pasado, Moyano anticipó que un grupo de legisladores sindicalistas está trabajando sobre un paquete de leyes para «evitar que se siga perjudicando a los trabajadores», vía Congreso de la Nación. Según adelantó el dirigente gremial, uno de los proyectos que están escribiendo los diputados y senadores del sector busca evitar despidos y podría incluir un artículo para reinstalar la doble indemnización, como ocurrió allá por el 2002.
«Vamos a impulsar una ley para evitar que se produzcan despidos como están ocurriendo ahora. No sé cómo va a ser más efectiva, si con una indemnización doble, como en el 2002, o de otra forma, para que se eviten más despidos», planteó.
En las últimas semanas, desde los gremios surgieron una serie de reclamos, que van desde cambios en el Impuesto a las Ganancias, a aumentos salariales por encima de la inflación proyectada –que están en el 30 por ciento- y la reinstalación del sistema de doble indemnización con el objetivo de desalentar los despidos.
El sistema de la doble indemnización fue instaurado por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002, tras la caída de la convertibilidad y el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Esa norma permitió frenar la sangría que se registraba en el mercado laboral. Sin embargo, una iniciativa como la que impulsa Moyano tendría un afectado clave: el Estado.
Es que el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha desde que llegó a la Casa Rosada un plan de reordenamiento de la administración pública y de desvinculaciones de miles de empleados que fueron designados en los últimos meses por Cristina Kirchner.
