La medida estará a cargo de las distintas áreas de Supervisión Escolar tanto en las ciudades de Ushuaia como de Río Grande, y podrán ocupar los cargos aquellas personas inscriptas en los listados de postulantes elaborados anualmente por la Junta de Clasificación y Disciplina, según señala la resolución ministerial a la que accedió Télam.
La secretaria de Educación provincial, Verónica Aguirre, aclaró que “los equipos de gestión de las escuelas, junto con los docentes, serán los encargados de crear los dispositivos pedagógicos para poder adecuar los contenidos de cada grupo, trabajando en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio”, indicó.
Por su parte, el sindicato docente (Sutef) rechazó la medida y la calificó como “rompehuelgas”, a la vez que convocó a una concentración frente a las oficinas de Supervisión Escolar «para seguir reclamando contra el ajuste del paquete de leyes y garantizar el derecho a huelga contra un gobierno autoritario y un ministro de Educación que no mide las consecuencias de sus actos», afirmó el Sutef través de un documento.
«Las consecuencias de estas resoluciones van a ser lamentables, el clima social que se generará profundizará el conflicto y atentará contra todo intento de diálogo que se está gestionando desde la unión de gremios», advirtieron desde el sindicato.
A su vez, representantes de la Iglesia Católica en el distrito, como el sacerdote Aldo Moschetta, miembros de otros credos religiosos y vecinos de la provincia, dieron a conocer una carta dirigida a la gobernadora Rosana Bertone, la unión de gremios y otros actores políticos, en la que exhortaron a que se abran canales de dialogo para “solucionar un conflicto que afecta a toda la sociedad fueguina”.
La disputa entre los sindicatos y el Gobierno provincial se vincula con un paquete de leyes sancionado entre el 7 y 8 de enero, que declaró la emergencia del sistema previsional en la provincia, endureció los requisitos jubilatorios, eliminó privilegios y también modificó leyes impositivas, entre otros puntos.
Los gremios exigen la derogación completa de todas las normas, pero el Ejecutivo insiste en que no negociará hasta tanto no se levanten las medidas de fuerza, que incluyen el bloqueo de todos los ingresos a la casa de gobierno y la paralización de decenas de oficinas públicas, además de los inconvenientes en el dictado de clases, con escuelas que todavía no comenzaron el ciclo lectivo.
En la misma línea, varios legisladores anunciaron que no sesionarán hasta tanto se levanten las protestas, como el radical Pablo Blanco (UCR) quien le pidió a los sindicatos “un poco más de flexibilidad” para poder discutir modificaciones parciales a las leyes pero “de una manera sana y responsable”, aseveró.
Además de las instancias políticas, los gremios cifran sus esperanzas en pronunciamientos judiciales que por ahora les son esquivos.
El juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, rechazó una acción para evitar que se les realicen los descuentos de los días no trabajados, mientras que la Cámara de Apelaciones debe decidir si corrobora o no otro fallo de primera instancia que declaró “inadmisible” la utilización del mecanismo de “iniciativa popular” para obligar a los legisladores a tratar la pretendida derogación de la reforma previsional.
Fuente: Telam
