La diputada nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos Elisa Carrió solicitó este lunes a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal que separe a Ricardo Echegaray de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN) ante el agravamiento de su situación judicial.
En un escrito al que accedió Infobae, Carrió junto a su colega de bancada Fernando Sánchez informaron a la magistrada sobre nuevos sucesos vinculados con el caso, entre otros, las indagatorias que debe prestar Echegaray esta semana ante los jueces Sebastián Casanello yClaudio Bonadio en distintas causas sobre corrupción. Los dos legisladores habían pedido ante esa magistrada una medida cautelar para que no asumiera ese cargo, pero no tuvieron una definición de fondo.
Para los diputados, «denota un escenario cada vez más comprometido respecto del funcionario cuya designación fuera impugnada, quien a pesar de contar con varias causas pendientes en su contra, por delitos vinculados con su reciente gestión en la administración pública, continúa al frente del organismo de control que debe dictaminar incluso sobre circunstancias de ese mismo desempeño, que hoy está siendo puesto en duda por la justicia penal.»
«Cabe destacar la gravedad de que la Presidencia de la Auditoría General de la Nación esté en cabeza de alguien con dichas sospechas, toda vez que ello contraviene normas internacionales supra legales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, próxima a ser declarada de jerarquía constitucional por el Honorable Congreso de la Nación», explicaron.
Carrió y Sánchez insistieron ante la jueza, según un comunicado, que las normas deben interpretarse de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Nacional, siempre que es la norma fundamental a la cual todas las leyes deben someterse. En este sentido, el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional consagra que «atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos» y equiparándolos «a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria».
Ambos diputados remarcaron a la juez Rodríguez Vidal que «el actual presidente de la Auditoría General de la Nación fue citado a prestar declaración indagatoria en tanto el juez a cargo de esa causa encuentra acreditado el estado de sospecha suficiente imponiéndole incluso la prohibición de la salir del país».
«Estando Echegaray imputado en diversas causas por delitos que hubieran conllevado su incremento patrimonial y siendo susceptible de ser considerado un traidor a la Patria por éstos, no es posible admitir que ocupe el rol de control antes mencionado»
Finalmente, Carrió y Sánchez le recordaron a la jueza Rodríguez Vidal que «no puede soslayarse el hecho de que a raíz de esta situación, la Auditoría General de la Nación se encuentra virtualmente paralizada. Ello, con motivo de que los auditores Alejandro Nieva, Jesús Rodríguez; Gabriel Mihura Estrada, Francisco Fernández y Vilma Castillo, se han ausentado a la última reunión convocada por él, a la espera de que preste declaración indagatoria y finalmente se resuelva su situación judicial».
«La situación se torna aún más urgente la resolución favorable de la medida cautelar solicitada por esta parte a los fines de suspender los efectos de la resolución que designa a Echegaray como presidente de la Auditoria General de la Nación, y consecuentemente notificar al Colegio de Auditores de la AGN, para que se abstengan de otorgar actos que requieran la actuación del nombrado como Presidente del organismo, hasta que se resuelva el fondo del asunto en el presente amparo», concluyeron.
