Tras dar su acuerdo político a la finalización de la primera revisión del rescate de hasta 86.000 millones de euros, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona decidieron que un primer tramo de 7.500 millones sea entregado a Grecia a mediados de junio.
El objetivo de este primer tramo es para que pueda hacer frente a importantes devoluciones al Banco Central Europeo (BCE) y al FMI y ponerse al día con los atrasos.
Los restantes 2.800 millones serán desembolsados en varios tramos «después del verano», según el director gerente del fondo de rescate de la eurozona, Klaus Regling.
Regling explicó que cualquier pago adicional para el servicio de la deuda quedará sujeto al cumplimiento de hitos relacionados con la privatización, la eficacia y calidad de gestión de la banca, la agencia de recaudación y el sector de la energía, informó la agencia de noticias EFE.
El desembolso general queda pendiente, además, de la verificación en los próximos días de la plena implementación de acciones previas, como «correcciones» a la legislación sobre la apertura del mercado para la venta de préstamos morosos y a la reforma de pensiones, así como a la finalización de medidas pendientes en el área de la privatización.
El Parlamento griego aprobó el domingo pasado el enésimo paquete de austeridad que incluye la suba de impuestos, recortes del gasto público, el recorte de las jubilaciones, la puesta en marcha de un fondo de privatizaciones y difíciles reformas como la de pensiones, por un importe conjunto del 3% del Producto Bruto Interno (PBI).
El cierre de la primera revisión era sólo una parte de un paquete más amplio que el eurogrupo tenía que acordar y cuyo segundo pilar incluye las medidas de alivio de la deuda griega, imprescindible para que el FMI se sumara al tercer rescate.
La eurozona no rebajó el objetivo de superávit primario del 3,5% del PIB que Grecia deberá alcanzar en 2018, pese a que el FMI lo consideraba inalcanzable sin un importante alivio de la deuda, pero acordó medidas que, en principio, convencen al Fondo.
El eurogrupo considera que para que la deuda griega pueda ser sostenible, las necesidades de financiación brutas deben permanecer por debajo del 15% del PIB durante el periodo posterior al tercer rescate, es decir después de julio de 2018, y por debajo del 20% posteriormente.
Algunas de las medidas a corto plazo implican suavizar el perfil de pago de la deuda de Grecia mediante la ampliación del vencimiento medio de 28 años a 32 por parte del fondo de rescate.
También se reducirán con la estrategia de financiación del fondo de rescate los tipos de interés, entre otras medidas.
Las medidas a medio plazo sólo se considerarán si un nuevo análisis de la sostenibilidad de la deuda al término del rescate muestra que son necesarias.
El fondo de rescate emplearía entonces los beneficios obtenidos por el BCE con la compra de deuda griega en 2014 de 1.800 millones de euros, que se encuentran en una cuenta separada, y la reanudación de las transferencias de los beneficios del BCE y de los bancos nacionales a Grecia a partir de 2017 como «colchón» para reducir futuras necesidades brutas de financiación.
También se podrían emplear «recursos no utilizados», como los 19.600 millones de euros que no fueron necesarios el año pasado para la recapitalización de la banca, según Regling.
Preguntado si se decidirá sobre las medidas a medio plazo solo después de las elecciones alemanas en 2017, el presidente del eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, explicó que siempre dijeron que «se hará cuando el rescate se haya implementado plenamente y haya un nuevo análisis de sostenibilidad de la deuda».
Para el largo plazo, el Eurogrupo acordó un mecanismo de contingencia que podría ser activado después del fin del rescate para asegurar la sostenibilidad de la deuda en el caso de que se produzca un escenario «más adverso».
Todo ello permitió que el FMI esté dispuesto a sumarse al rescate griego antes de fin de año.
El FMI aseguró que «hizo una importante concesión», dado que había pedido que la eurozona aprobara las medidas, aún no del todo cuantificadas, por adelantado y no después del programa en 2018.
«Todos hemos mostrado flexibilidad y estamos dispuestos a recomendar al directorio este acuerdo político, siempre y cuando el revisado análisis de la sostenibilidad de la deuda sugiera que las medidas sobre la mesa proporcionan el alivio necesario», advirtió Thomsen.
Fuente:Telam
