La empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidenteMauricio Macri y uno de los principales beneficiados de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del PRO, fue clienta de S.G.I, la financiera más conocida como La Rosadita, que se sospecha era de Lázaro Báez desde la que se realizaban las operaciones de lavado y donde fueron filmados varios acusados contando millones. De los allanamientos realizados en la causa surgió un legajo de IECSA como cliente, dato que fue anticipado el martes pasado por El Destape, el programa que conduce Roberto Navarro por C5N .
El juez Sebastián Casanello, en la resolución en la que ayer procesó a Báez por una nueva maniobra de lavado de dinero, dejó asentado las relaciones entre las empresas de Báez y otras constructoras entra las que se encuentra IECSA.
El propio Báez fue quien introdujo el rol de otras empresas constructoras en su descargo y sugirió en su momento citar a declaración testimonial aÁngelo Calcaterra para que respalde sus dichos.
Calcaterra es titular de la constructora IECSA S.A. y junto con Austral, la china Synohydro Corporation, ESUCO S.A. y CHEDIAK se asociaron bajo la figura de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con el fin de presentarse a la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cipernic, lo que llevaron adelante, finalmente sin éxito debido a que dicha licitación fue otorgada a otra UTE.
Báez alega que la inyección de dinero de Helvetic Service Group que el juez investiga, obedeció a poder hacer frente a esas responsabilidades.
Para explicar la maniobra, el juez Casanello hizo referencia a los allanamientos de las oficinas de SGI y OACI efectuados al inicio de la causa, donde «se han hallado tarjetas de ejecutivos de Synohydro. En idéntica dirección, debe decirse que durante los referidos procedimientos se ha encontrado un legajo de cliente de IECSA».
«Así, dicha carpeta muestra, por ejemplo, el registro de firmas de las personas representantes de la empresa para actuar ante SGI, donde se encuentran Santiago Ramón Altieri -que en ese entonces ocupaba la presidencia de la firma- y los directivos Alejandro Omar Blasco, Giordano Meda y Víctor Ramón Ignacio Folch«, según surge de la resolución. «Estas firmas se encuentran certificadas por los apoderados del Banco CMF S.A. en fecha 24 de mayo de 2012», añade el juez.
«Acompañado al legajo referido se encuentra copia certificada del poder especial bancario y financiero otorgado por el Directorio de la empresa a, entre otros, los nombrados en el párrafo que antecede, quienes se encuentran facultados a realizar operaciones bancarias, otorgamiento y/o transferencia de garantías, dar y/o tomar dinero en préstamo, contratos de compra y de venta, contratos de leasing y fideicomisos, y fondos comunes de inversión», consigna el juez en la resolución.
Asimismo, se destacó que «también se observa un informe de Evolución de Ventas de los años 2006 a 2012 como así la Memoria y Balance correspondiente al 31/12/2011. A su vez allí obra una nota de IECSA, dirigida a SGI, en donde hacen saber, a petición de la financiera, quiénes son los dueños de la constructora. En ella lucen Ángelo Calcaterra como accionista minoritario y como mayoritario el grupo ODS S.A., que sería el holding de propiedad de ese empresario. La misiva está suscripta por Altieri y tiene fecha 12 de mayo de 2012».
El juez relata que «para esas fechas en que las constancias muestran a IECSA efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez -recuérdese que Federico Elaskar había cedido sus acciones varios meses antes-«.
De todas maneras, el juez indicó que las vinculaciones entre Austral y IECSA no pueden ser usadas por Báez como descargo y en nada inciden en su situación, que terminó procesado.
«Sin embargo, lo cierto es que la vinculación que Austral Construcciones (ACSA) pueda haber tenido con IECSA para presentarse a la licitación de las represas, o bien la relación que pudo haber existido entre IECSA y SGI, en nada inciden en el reproche que se encuentra siendo analizado en esta ocasión», concluyó ayer el juez al volver a procesa a Baez.
Fuente: MinutoUno
