El hijo del empresario Lázaro Báez, Leandro, presentó esta mañana un escrito ante la Sala II de la Cámara Federal en el que volvió a pedir la recusación del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó y detuvo a su padre por el delito de lavado de dinero, al recordar que el magistrado tiene una causa pendiente por supuesto encubrimiento. También, en la presentación que hizo su abogado patrocinante Santiago Viola se revela que en el estudio jurídico recibieron «gran cantidad de información anónima» sobre el supuesto encuentro en la Quinta de Olivos en 2015 entre la entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner, Báez y el juez.
Al respecto, en el escrito al que tuvo acceso Infobae se destacó que «se ha recibido de forma anónima en este estudio jurídico una gran cantidad de información y pruebas» sobre el supuesto encuentro, el cual fue desmentido de manera insistente por Casanello. «Todo ello también surge de la nota periodística del 5 de junio de 2016 del diario Clarín -de la cual se acompaña una impresión-. Si bien se desconoce su procedencia y la veracidad de la misma (…) se desprende que el día 6 de agosto de 2015 -fecha en la cual las notas periodísticas expresan que hubo un encuentro en la Quinta de Olivos entre el doctor Casanello, el señor Lázaro Báez y la doctora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner- el abonado número 115496….(que pertenecería al doctor Sebastián Casanello) a las 8:28 horas se encontraba en la celda GKN 0053 que corresponde a la Quinta de Olivos».
Los abogados de Leandro Báez -quien permanece en Santa Cruz- presentaron el escrito ante los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, minutos antes de que Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcción, se presente ante los mismos magistrados que deben definir si ratifican su procesamiento con prisión preventiva.
Sin embargo, la novedad en la estrategia jurídica de los abogados del hijo del empresario fue la mención ante los camaristas de una causa por supuesto encubrimiento de Lázaro que el propio Casanello tiene pendiente de resolución ante la Cámara. Se trata de un proceso abierto por una denuncia de Elisa Carrió de 2013, que involucró al juez actuante, a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y a los entonces fiscales especiales Carlos Gonelli y Omar Orsi, de la Procelac.
