La Cámara Federal confirmó este martes el sobreseimiento del presidente de la Nación Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, por la que fue procesado en 2010 cuando era jefe de gobierno porteño.
Los jueces de la Sala I de la Cámara, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ratificaron el sobreseimiento que el juez Sebastián Casanellole dictó a Macri el 29 de diciembre del año pasado, días después de asumir como presidente.
Los magistrados señalaron que las nuevas pruebas que se incorporaron a la causa el año pasado desvinculan definitivamente a Macri de la acusación, tras estar cinco años procesado en el expediente por los mismos camaristas que ahora los desvinculan.
«En este nuevo contexto, la mera afirmación de que M. Macri también tenía interés en «escuchar» a Néstor Leonardo, para lo cual se valió de la maquinaria engendrada por la asociación ilícita investigada en estos autos, se erige en una simple especulación sin poder de convicción», consideraron ahora los camaristas Ballestero y Freiler.
Los mismos magistrados camaristas junto con Farah confirmaron en julio de 2010 el procesamiento de Macri por los delitos de asociación ilícita, falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad. En esa oportunidad, los jueces señalaron que Macri «conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido».
En el fallo, los camaristas dijeron sobre Macri que «lo actuado no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado».
La causa de las escuchas ilegales se inició en 2010 con una presentación del familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein que denunció que su teléfono estaba intervenido. La investigación, primero a cargo del juez Norberto Oyarbide, determinó que a través de causas judiciales en Misiones se intervenían teléfonos de personas que nada tenían que ver en esos expedientes. De esa manera se comprobó, por ejemplo, que se «pincharon» los teléfonos de Burstein, de Leonardo, de gerentes del supermercado Coto y del empresario Carlos Avila, entre otros.
Para eso, se determinó en la causa, se montó una estructura desde la Policía Metropolitana, a cargo entonces de su primer jefe Jorge «Fino» Palacios, para realizar la intervención ilegal de teléfonos de la que participaba el espía Ciro James, quien había sido contratado como empleado del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
Macri fue procesado en 2010 por el juez Norberto Oyarbide por la «pinchadura» de celular a su cuñado, Néstor Leonardo, quien estaba casado con su hermana fallecida Sandra. Esa decisión había sido ratificada por los mismos jueces que ahora lo sobreseyeron. Pero el juez Casanello, cuando tomó la causa, envió a juicio oral a todos los acusados excepto a Macri porque entendió que restaba prueba por realizarse.
En esa prueba, Franco Macri, padre de Mauricio, dijo que fue él quien contrató a la empresa de seguridad «The Ackerman Group» para investigar a Leonardo. Además, el entonces ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, dijo que Macri no participó de la selección de Palacios al frente de la Metropolitana.
La decisión de no mandar a Macri a juicio fue apelada por la querella de Leonardo que sostuvo que la única persona interesada en escucharlo era el ahora Presidente. El camarista Ballestero dijo que la querella «no se ha preocupado por acompañar ni una sola prueba de lo que enuncia como para conmover el actual estado del sumario».
El juez recordó que habían confirmado el procesamiento a Macri pero que las nuevas pruebas «han erosionado las bases que, en su momento, cimentaron el procesamiento de M. Macri» y «redujeron a la insignificancia» la acusación.
Por su parte, Freiler compartió el criterio de Ballestero y destacó «la importancia de tales diligencias probatorias» que ahora desvinculan a Macri.
En tanto, Farah recordó su último voto en la causa en el que sostuvo que había que sobreseer a Macri.
Tras este fallo, la querella de Leonardo puede apelar a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir que Macri sea enviado a juicio oral.
