Hundida en una de las mayores crisis financieras de su historia, las autoridades cariocas tomaron esa decisión para poder acceder a préstamos excepcionales y firmar contratos sin concurso público para garantizar la oferta y la «racionalización de todos los servicios públicos esenciales para la realización de los Juegos Olímpicos», se informó oficialmente.
Para justificar la medida, el gobernador interino de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, se refirió a la crisis financiera y la caída de la recaudación tributaria y de regalías petroleras, en un marco de recesión que Brasil soporta hace dos años.
La crisis «viene impidiendo al Estado de Río de Janeiro honrar sus compromisos para la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016», dice el decreto de Dornelles, quien reemplaza al titular Luiz Fernando Pezão, de licencia por enfermedad.
La norma advierte que la ciudad está expuesta a enormes dificultades en la oferta de servicios públicos, lo cual puede derivar en el «total colapso en la seguridad pública, salud, educación, movilidad y gestión ambiental», informó la agencia DPA.
En este contexto, la declaración de «calamidad pública» es una estrategia que le permitirá a las autoridades regionales acceder a créditos del gobierno nacional sin la autorización del Parlamento, entre otras medidas de excepción.
Télam