La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las sanciones administrativas y medidas judiciales contra periodistas y medios ecuatorianos, ocurridos en una «nueva ola de represalias oficiales tendentes a censurar las críticas» en el país, dijo la entidad.
La periodista Janet Hinostroza y el canal Teleamazonasfueron sancionados el pasado lunes por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por el delito de «linchamiento mediático«, contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación, señaló la SIP en un comunicado.
Teleamazonas, según el castigo, deberá pedir disculpas públicas en todos los espacios del canal la misma cantidad de veces que se difundió la información sancionada por la Supercom.
Por su parte, Hinostroza, quien dirige el programa Desayunos de 24 horas, fue amonestada por «incumplir» las reglas sobre el ejercicio profesional incluidas en la ley.
Teleamazonas anunció que pedirá ante la Justicia la nulidad de la resolución.
La amonestación escrita ocurrió pocos días después que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fustigara durante su alocución sabatina a la periodista y al canal por haber cuestionado el proceso de subasta de medicamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública, agregó la SIP, con sede en Miami.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, expresó su preocupación «por el aceitado sistema de instituciones estatales que se pone en marcha para defender al presidente Correa toda vez que él fustiga a sus críticos«.
«Se trata de un privilegio inaudito al mejor estilo monárquico«, dijo Paolillo, quien sostuvo que una acción de este tipo «demuestra no sólo la intolerancia a la crítica, sino ladependencia de los organismos estatales y del Poder Judicial a los intereses del propio presidente«.
Respecto al Poder Judicial, Paolillo alertó sobre una nueva sanción que favorece a Correa.
Esta semana se conoció una orden judicial que le prohíbe salir del país al periodista Fernando Villavicencio, al que se le impone, también, el embargo de sus bienes y cuentas bancarias por incumplir con el pago de más de 140 mil dólares a favor del mandatario ecuatoriano.
La indemnización fue impuesta en 2013 tras ser condenado por el delito de injurias contra Correa. El periodista cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En otro incidente que afecta la libertad de expresión, un monitoreo de Fundamedios contabilizó 806 denuncias contra 292 cuentas de Twitter que «fueron bloqueadas, suspendidas o les borraron mensajes, por supuesta violación de las reglas de la red social«. Según la organización, muchas de esas cuentas eran críticas con el gobierno ecuatoriano.
Fuente: Infobae
