El dato es impactante y refleja el colapso de Tribunales: el cuerpo de peritos anticorrupción de la Corte Suprema tiene sólo dos miembros que, obviamente, se ven desbordado por la catarata de presentaciones judiciales que se realizaron en el último semestre.
La información fue dada a conocer esta mañana por Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción), al ser consultada por Marcelo Longobardi (Radio Mitre) sobre cuál es la cantidad de juicios contra funcionarios públicos que se encuentran paralizados en los juzgados.
«Es comprensible que haya un embotellamiento en el Poder Judicial: dos peritos son bastante poco e insuficientes para la catarata o el tsunami de denuncias que hay», analizó la máxima referente de la OA. «No se da abasto. Es bastante inexplicable que a esta altura de las circunstancias el propio Poder Judicial no se haya dado los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura que se necesita para enfrentar semejante desastre», advirtió.
Por si quedaban dudas del desborde que se registra en Tribunales, Alonso dio un ejemplo que potencia el asombro: «Armando Gostanian (ex funcionario menemista) fue denunciado por enriquecimiento ilícito hace más de 20 años y recién está yendo a juicio oral en este semestre».
Ese es apenas un caso: la funcionaria comentó que hay varias causas del menemismo que están siendo instruidas en primera instancia y «ni siquiera fueron elevadas a juicio oral».
La titular de la OA cree que el análisis debe enfocarse en «qué han hecho todos estos años las instancias judiciales, superintendencia y gobierno de la Justicia, para hacerse de los recursos necesarios frente a la catarata de denuncias judiciales» que aparecen diariamente.
«Es bastante inexplicable que no haya recursos para enfrentar semejante desastre», completó la funcionaria que esta mañana fue noticia, porque la Oficina Anticorrupción le recomendó a Juan José Aranguren que se desprenda de las acciones que tiene en la petrolera Shell.
«Este es un dictamen muy importante porque profundiza los principios de la ética en la función pública, creemos que es de lectura obligatoria para todos los funcionarios, incluido el Presidente», destacó Alonso.
«La ley no prohíbe que una persona que hoy trabaja en una empresa mañana pueda ser funcionario público. Lo que sí dice es cuáles son los pasos que debe tomar para que sus intereses no contaminen la función pública. Cuando un funcionario sienta que podría incurrir en un conflicto de intereses, debe autolimitarse y consultar a la OA», finalizó.
