«La ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente”, indicaron los contadores, que además remarcaron que «no puede justificar la compra del inmueble sito en calle O’Higgins 3636, entre Blanco Encalada y Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro.
La pericia contable había sido ordenada por el magistrado en abril pasado, en el marco de una causa iniciada en 2013 que ya contaba con un informe preliminar realizado por la División Delitos Económicos de Prefectura Naval, con fecha de octubre de 2014.
En 2015, el fiscal Jorge Di Lello requirió la intervención técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que entregó su informe final en febrero, según recordó el juzgado de Rafecas a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte.
Fue el fiscal Di Lello, quien solicitó luego que interviniera el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, pedido que fue acompañado por Rafecas, quien hoy recibió la respuesta final de parte de Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos.
Fuente: Telam
