Aquellos funcionarios que al final de esta semana no hayan presentado su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) verán reducidos en un 20% sus salarios de octubre, según ordenó el organismo que conduce Laura Alonso a todos los ministerios.
El plazo original para hacerlo había vencido en el mes de junio. El día 10 de ese mes se supo que sólo el 12% de quienes debían informar sus bienes había realizado el trámite en tiempo y forma.
Cabe señalar que la obligación de revelar el patrimonio no solo rige para aquellos que ingresaron al Gobierno con Cambiemos sino que la gestión kirchnerista también tiene la obligación de hacerlo al darse de «baja» de su función.
A fines de julio, la OA indicó que de los 47.329 funcionarios y ex funcionarios de la administración nacional que debían declarar su patrimonio, solo 24.933 habían cumplido. Es decir que un 48% aún estaba en deuda.
El 18 de agosto, el organismo que maneja Alonso exigió a todos los ministros que normalicen la situación de sus plantillas y, en la misma comunicación, se fijó la sanción para los incumplidores. «Verificados la intimación personal y el vencimiento del plazo, el responsable del área de recursos humanos deberá informarle la situación al área responsable de liquidación de haberes, a efectos de que suspenda la percepción del 20% del sueldo hasta que el funcionario acredite haber satisfecho la obligación», indicaba el texto.
A siete días del vencimiento del plazo final, un relevamiento que realizó el diario La Nación deja ver cuál es la situación de cada organismo.
El Ministerio de Modernización dará tiempo hasta el viernes. A aquellos funcionarios que el 30 de septiembre sigan en deuda, se les descontará el 20% de los haberes de octubre. Una vez que presenten la declaración, se les devolverá ese monto en forma retroactiva, algo que también ocurriría en el resto de las carteras.
En Cultura, el propio ministro Pablo Avelluto asumió la tarea de exigir a sus colaboradores la presentación de informes. Por otra parte, en Defensa el área de Recursos Humanos llamó a cada uno de los incumplidores para alertarlos.
Cancillería tiene un 15% del personal en falta y Ambiente hay solo cinco funcionarios que adeudan sus declaraciones. En Economía hay 26 de un total de 254 personas que aún no enviaron la documentación.
