No fue un acto improvisado el de Federico Pinedo cuando reveló que el Gobierno está analizando el impacto que tiene la ley que impone sanciones a quienes colaboren de manera directa con la explotación de gas y petróleo en las Islas Malvinas.
El presidente provisional del Senado está abriendo el paraguas porque el Gobierno acaba de violar esa ley en la licitación de Enarsa para el remolque de los buques gasificadores.
La situación hizo que interviniera la Oficina Anticorrupción (OA) ante un reclamo de las distintas cámaras del sector que se sienten afectadas por la decisión del Ministerio de Transporte.
Guillermo Dietrich, el ministro del área, señaló que en la licitación que implica una facturación de USD 50 millones anuales, se redujeron los costos en 36% porque en las anteriores ocasiones hubo sobreprecios injustificables.
El problema es que las empresas que ganaron la licitación son las mismas que aplicaban sobreprecios durante la gestión anterior y tienen alguna vinculación con el sindicalista Omar «Caballo» Suarez, procesado y detenido por obstruir la actividad naviera.
Es sabido que el sindicalista «preferido» de Cristina Elisabet Kirchner recibió de la empresa ganadora 40 mil dólares por cursos de inglés para 33 tripulantes. La lupa de la justicia está en la manera en que le hacían llegar al dirigente sindical los retornos para que no obstruyeran su actividad.
No hay duda que los costos bajaron 36%, pero esa baja es respecto a los contratos que firmó en el pasado Marítima Meridian, empresa que está señalada como parte del grupo Logística y Servicios SA, con quien comparte la sede social en Costanera Sur. Además tienen como presidente y director suplente a Matías y Lucas Samarin, hijos mellizos de Jorge Samarin.
La eventual adjudicación a un mismo grupo empresario motivó una presentación ante Enarsa y la Oficina Anticorrupción de las cámaras de practicaje y pilotaje, de lanchas de prácticos, de la industria naval santafesina y de la Mesa de la Unión Naviera.
En Enarsa directamente les dijeron que su reclamo no iba a prosperar. Laura Alonso, la titular de la OA, en cambio, escuchó las denuncias y pidió explicaciones al ministro.
Pero nada frenó a Guillermo Dietrich. La licitación se adjudicó a esas empresas que no solo no tenían remolcadores, sino que se aliaron con Maersk, la compañía dinamarquesa que hace tareas de remolque de buques petroleros en Malvinas.
Llamó la atención que antes de la adjudicación los dinamarqueses enviaran nueve remolcadores al puerto de Montevideo y que los funcionarios argentinos actuaran con celeridad para poner sus papeles en orden. En Buenos Aires, remolcadores locales, fabricados en astilleros argentinos, demoran meses en hacer esos trámites.
Al mismo tiempo, las empresas remolcadoras locales le dijeron a Dietrich que bajarían 20% sus costos operativos. El ministro les contestó que no podía ser que recién se acordaran de bajar las tarifas. La respuesta desconcertó a los empresarios porque fue el gobierno nacional quien le pidió a los distintos CEO que bajen sus precios.
La empresa que entró segunda en la licitación fue Trans Ona que ofertó 8% más que el consorcio de Meridian y Maersk. Cuando se enteró de la decisión de Enarsa, presentó un recurso de amparo ante la justicia.
Cuando los representantes de Trans Ona pidieron vista del expediente, tras la adjudicación, se encontraron con que Meridian condicionó su oferta a que se lo contrate por dos años y que se le adjudiquen los dos concursos, el del puerto de Bahía Blanca y el de Escobar, condiciones que van contra el pliego.
Varios legisladores también hicieron presentaciones que van a agravar la situación.
El Gobierno puede tener su primer gran escándalo porque a medida que avancen las acusaciones contra Omar «Caballo» Suarez, puede quedar al descubierto cómo mantiene lazos con todo lo que sucede en los puertos argentinos.
