Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Henry Ramos Allup, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara una sentencia para destituirlo y apresarlo, un día después de que el gobierno acusara de terrorismo a un dirigente y un asesor de campañas de la oposición.
Tal como había anunciado días atrás, Maduro resolvió no enviar el proyecto de presupuesto a la Asamblea sino al TSJ, al que el oficialismo controla y que semanas atrás, en un fallo, declaró «en desacato» al parlamento y nulos a todos sus actos. Y el máximo tribunal decidió admitir la iniciativa.
En un comunicado, el TSJ justificó su resolución en «la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional», el deber «de honrar los postulados de separación y equilibrio» de poderes y «el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional».
El cuerpo explicó además que fundamentó su decisión en «el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución».
Venezuela vive un conflicto de poderes desde el 5 de enero pasado, cuando asumieron los diputados electos un mes antes y la Asamblea se convirtió en el único de los cinco poderes de la república en manos opositoras (los otros cuatro son el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano).
Desde entonces, el chavismo neutralizó la actuación de la Asamblea a través del TSJ, que declaró inconstitucionales decenas de leyes y resoluciones sancionadas por el parlamento.
Paralelamente, miles de ciudadanos, convocados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, marcharon hoy hacia decenas de centros de votación en todo el país para impulsar la participación ciudadana en la recolección de firmas que tendrá lugar el 26, el 27 y el 28 de este mes.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles volvió a mencionar una versión según la cual el TSJ prepara un fallo para impedir la realización del referendo y reiteró que «suspender el revocatorio es un golpe constitucional aquí y en China».
«Debemos estar en alerta máxima; si ellos quieren robarnos nuestro derecho a un cambio, vendrá la toma de Venezuela para defender nuestro derecho de salir de esta crisis por la vía electoral; que no quepa duda de que defenderemos la Constitución con el pueblo en la calle», advirtió.
En tanto, Voluntad Popular (VP), la fuerza del ex alcalde preso Leopoldo López, informó que mañana «diputados y líderes de distintos partidos de la oposición tomarán el centro de Caracas para denunciar el nuevo golpe a la Constitución ejecutado por el régimen de Maduro» y «anunciarán las próximas acciones» para protestar.
Asimismo, el socialdemócrata Ramos Allup afirmó en declaraciones a periodistas que tenía información de que el TSJ está elaborando una resolución destinada a destituirlo y encarcelarlo, y advirtió que no acatará al tribunal.
«Les quiero enviar un recado a las hamponas y los hampones de la Sala Constitucional: si a mí me citan para concurrir a ese pudridero, a esa cloaca, yo no voy a ir, yo no me voy a presentar a esa basura mal llamada Sala Constitucional del TSJ», dijo el jefe de la legislatura.
«Que violen la Constitución y que preparen una cadena (de radio y televisión) para que me saquen de la Asamblea Nacional si creen que eso es posible, amarrado, porque yo no me voy a entregar; hagan lo que les dé la gana», agregó Ramos Allup.
El presidente de la Asamblea hizo esa declaración cuando buena parte de la oposición aún reaccionaba contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general Gustavo González López, quien acusó de terrorismo al alcalde del municipio caraqueño Sucre, Carlos Ocariz, y al asesor electoral de la MUD Juan José Rendón.
González López responsabilizó a ellos dos y a otros jefes de Primero Justicia (PJ, el partido de Capriles y Ocariz), a los que no identificó, por el ataque con granada a un puesto de la Guardia Nacional (policía militar) en Sucre que dejó 17 heridos, ocurrido el domingo pasado y al que calificó como «atentado terrorista».
Ocariz rechazó la acusación y dijo que es parte de una persecución contra él por ser «coordinador» de la estrategia de la MUD en procura del revocatorio.
En tanto, el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús «Chúo» Torrealba, sostuvo que la imputación es «una agresión contra el derecho del pueblo a construir una solución pacífica, electoral y democrática».
Fuente: Telam
