Finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción al régimen de Participación Público Privada (PPP) y ahora la iniciativa volverá al Senado para su aprobación final. La Cámara baja la aprobó con 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones.
Fue una medida que complicó al oficialismo ya que el miércoles de la semana pasada había sufrido un traspié luego de que el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no la apoyaran y obligaran a que vuelva a comisión. Ayer, obtuvo dictamen de mayoría y hoy volvió al recinto.
El debate duró poco más de tres horas, aunque la mayoría de los cambios habían sido acordados en comisión. Entre otros, se estableció que este tipo de contratos deberá contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó «llevar tranquilidad» a la CGT.
Al comienzo del debate, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto «es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país», y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto.
Estimó que el proyecto permitirá, además de un número mayor de obras, «generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa».
Respecto de los controles, Lipovetzky destacó la creación de una comisión bicameral de seguimiento con facultades no sólo para seguir los procesos de PPP que vayan avanzando, sino también para la fiscalización y la obligación de las partes de concurrir a la bicameral a informar al menos una vez al año.
Axel Kicillof, del Frente para la Victoria, se mostró en contra del proyecto y señaló que es «neoliberal». Asimismo, cuestionó que el Gobierno quiera introducir un cambio legal «para que el sector privado se apodere de la obra pública». «Lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de lo que se trata», añadió el ex ministro de Economía y resaltó que el proyecto «es la entrega total y absoluta de la obra pública y los servicios públicos».
