El nuevo gobierno británico de Theresa May acaba de sufrir su primer gran golpe: el Tribunal Supremo acaba de determinar que la primera ministra no puede activar el Brexit, la salida del país de la Unión Europea , sin recibir primero la aprobación del Parlamento.
Antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al período de dos años de negociaciones para salir del bloque, May (quien asumió al frente de Downing Street tras la renuncia de David Cameron por la victoria del «sí» en el referendo de junio) necesita contar con el apoyo del Parlamento, en un intento de la Justicia por equilibrar el poder británico.
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo pueda iniciar el proceso de desconexión sin convocar previamente una votación parlamentaria.
El gobierno ya confirmó que recurrirá este dictamen ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido , que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año.
Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso en el Tribunal Superior está la empresaria británica Gina Miller, que expresó su deseo de acabar con «un entorno legal» en el que el Gobierno «puede pasar por encima del Parlamento».
Los letrados gubernamentales argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9 %, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo.
También indicaron que «probablemente» podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.
May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales. Desde el gobierno alegaron que la demanda es un intento de poner un obstáculo legal a cumplir el resultado del referendo del 23 de junio a favor de abandonar el bloque.
La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE «de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales», ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.
Agencias AP y EFE
