En su declaración indagatoria, que es un acto de defensa, el jueves pasado el ex funcionario del kirchnerismo, José López, pidió que los dueños de las empresas más grandes de obra pública de la Argentina declaren ante el juez Julián Ercolini.
López, preso en la cárcel de Ezeiza desde que en junio fue detenido con bolsos con nueve millones de dólares, declaró en la causa en la que se investiga la millonaria obra pública vial adjudicada entre 2003 y 2015 al amigo y socio de los Kirchner, Lázaro Báez.
Durante su declaración, López hizo un listado de los principales empresarios de obra pública de los últimos tiempos para que digan ante el juez si él, como secretario de Obras Públicas, les había pedido coima o les había indicado qué hacer en las licitaciones. Incluso pidió un careo con todos y cada uno de ellos. Entre los empresarios a los que nombró están Báez, Cristóbal López y Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
López aportó una lista de 36 empresas contratistas de obra pública. En la causa judicial -a cargo de Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques-en la que fueron indagados la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Báez y López, entre otros, hay otro listado de empresas de obra pública.
Los fiscales hicieron dos imputaciones en las que reseñaron lo que consideran pruebas de cargo contra los imputados. Para los fiscales hubo una organización manejada desde lo más alto del poder que le dio millonarios negocios de obra pública a las empresas de Báez. Una de las pruebas de la intención de favorecer a Báez desde el poder que consideraron los fiscales es que las firmas del Grupo Austral fueron las únicas a las que el Estado Nacional les canceló el total de la deuda en noviembre de 2015, días antes de la finalización del mandato de Fernández de Kirchner.
Al listado, que en el expediente es denominado «ranking de empresas» y está volcado en la foja 1358, se refirieron los fiscales en su acusación: «Así, los funcionarios modificaron partidas presupuestarias y acomodaron el destino de los fondos con el fin de hacer frente a los pagos que debía realizar, los que como se ha expuesto en las anteriores presentaciones, eran canalizados principalmente hacia las empresas del Grupo Báez, las que al finalizar el gobierno de Cristina E. Fernández, eran las únicas contratistas a las que no se les adeudaba un solo centavo e incluso se les había pagado por encima de la obra certificada, mientras que a otras empresas se les adeudaban sumas millonarias (v. cuadro «ranking de empresas» de fs. 1358)».
El ranking de deuda vencida, al que accedió Infobae en fuentes de la investigación, lleva la firma de Ricardo Stoddart-Jefe del Servicio de Asunto Jurídicos del Dirección Nacional de Vialidad- y tiene datos relevantes.
El orden de las empresas es de mayor a menor de acuerdo a los días de deuda vencida. El primer lugar allí lo ocupa la firma José Cartellone Construcciones Civiles S.A que tenía en noviembre pasado 497 días de deuda vencida.
El último del listado-según lo informado por Vialidad Nacional en el juzgado de Ercolini- es el denominado Grupo Báez porque a noviembre de 2015, días antes del cambio de gobierno no se le debía un peso.
Y el del empresario detenido en la cárcel de Ezeiza fue el conglomerado societario que más dinero cobró por obra pública entre 2007 y 2015, los años de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner: USD 2196 millones sobre un total de 12.985 millones de dólares.
La empresa que le sigue en cuanto a dinero cobrado es JCR S.A, es decir la firma de Juan Carlos Relats, que tiene una coincidencia con Báez: ambos gerenciaron hoteles de la familia de los ex presidentes y por eso pagaron alquileres a los Kirchner. Relats cobró 1.100 millones de dólares. Y a noviembre pasado le debían 37 millones de dólares.
Las primeras cinco empresas –tal como lo señala el listado de Vialidad Nacional- según el dinero que cobraron son las del Grupo Báez, Relats, Benito Roggio e hijos (837 millones de dólares), Rovella Carranza (832 millones de dólares) e IECSA, propiedad Calcaterra (791 millones de dólares).
Cuando terminó el gobierno kirchnerista el estado les debía a 29 de los primeros 30 contratistas de obra pública de todo el país 488 millones de dólares. Solo a una empresa le habían pagado todo.
