Hasta fines de 2016 Bee Sellares se desempeño como secretario de la gestión del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y a modo de balance de ese período destacó que «se implementaron auditorías simultáneas en los tribunales y juzgados federales de todo el país sobre los procesos de las causas de corrupción y narcotráfico, hasta veinte años para atrás».
También se realizaron auditorías en el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, por expreso pedido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó el letrado y adelantó que esas tareas de auditorías a partir de ahora se realizarán todos los años.
«Las auditorías permitieron tener una radiografía de cómo han trabajado los jueces sobre esas causas de alto impacto social y político», manifestó a Télam el letrado y anticipó que «el informe preliminar se va a presentar en mayo de este año».
Sobre el tema añadió que también se avanzó en una tarea bastante difícil como la implementación de un Consejo de la Magistratura y de una Justicia Federal «abierto», que «la sociedad conozca cómo trabajan los jueces, mostrar lo que se hace puertas adentro, garantizar la transparencia y la publicidad de sus actos, de las declaraciones juradas», que sobre este último tema adelantó que en el curso de este año estarán disponibles en un portal web oficial.
Destacó, también, que en 2016 se elevaron pliegos de 36 ternas para la cobertura de vacantes, que «si bien no es lo óptimo pero fue un gran avance para revertir la tendencia histórica y comenzar a bajar los índices» que, según Bee Sellares, en los fueros penales federales de todo el país se necesita cubrir alrededor de 250 vacantes.
El abogado cordobés, que sigue en funciones en el Consejo de la Magistratura nacional en esta oportunidad como Secretario Letrado, mencionó como un «importante avance» la reestructuración de diferentes áreas cuestionadas como el mecanismo de sorteos de las causas penales, con la participación de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dos organismos externos al Consejo de la Magistratura, además de incorporar auditores informáticos al propio sistema.
También resaltó que para la nueva gestión de la presidenta electa al Frente del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, «deja en pleno funcionamiento un órgano que prácticamente estaba paralizado, y con más de 100 concursos en todo el país, que en determinados lugares necesitan de urgente resolución como el caso de Salta y Jujuy».
Al referirse a la agenda para 2017 que debe encarar la nueva presidente Donato, el letrado resaltó que «es muy trabajadora, una excelente profesional», y que «cuenta con toda la coyuntura para llevar una excelente gestión en la presidencia, porque el organismo está en funcionamiento pleno» y con iniciativas en marcha como el de dotar de las herramientas necesarias para que los jueces puedan combatir el delito.
«Quedan temas importantes para resolver como el presupuestario. En el anteproyecto establecimos un presupuesto de 27 mil millones de pesos para el 2017, pero el Poder Ejecutivo solo autorizó 20 mil. El 90% se destina a salarios y el margen que queda es muy ajustado para avanzar en los proyectos que hacen a la infraestructura y el funcionamiento integral» de la Justicia Federal, advirtió Bee Sellares.
Finalmente consideró que se debe «terminar con los pruritos de la influencia política dentro del Consejo de la Magistratura», al sostener que se trata de un organismo «técnico-político», porque «así fue concebido constitucionalmente desde el momento en que son los senadores los que prestan acuerdo a los jueces».
Fuente: Telam
