La Pastoral Carcelaria, un brazo de la Iglesia Católica en Brasil, acusó este lunes a los jueces de ser «cómplices» de las masacres que dejaron un centenar de muertos en las prisiones desde la semana pasada y dijo que «todos los magistrados saben» que el sistema penitenciario está controlado por el crimen organizado.
Lo dijo en una entrevista realizada con Télam en San Pablo el coordinador de la Pastoral Carcelaria en Brasil, el sacerdote Valdir Joao Silveira, al referirse a la explosión de guerras entre grupos criminales en las cárceles del norte amazónico, en Manaos, estado de Amazonas, y en Boa Vista, Roraima.
Brasil ostenta la posición de tener, con más de 600.000 presos, la cuarta población carcelaria del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y China.
Desde la Pastoral Carcelaria, la situación de la fragilidad del sistema carcelario es denunciada hace dos décadas, pero ahora, según Silveira, «la mano dura está más firme, más vengadora y más exterminadora de la clase más pobre, que va a parar a la cárcel, el lugar donde se garantiza la continuidad de la desigualdad social».
El dirigente eclesiástico, en la entrevista con Télam, además de fustigar al Poder Judicial, reconoció que el crimen organizado, incluido el Primer Comando de la Capital (PCC), el poderoso «sindicato de los presos» nacido en San Pablo, cumple una tarea social fuera de las cárceles, con asistencia a las familias de los detenidos, «allí donde el Estado no ha llegado».
«Lo que ocurre en la región amazónica está siendo advertido por nosotros desde 2012. Entregamos informes a los jueces sobre la ‘explosión prisional’. Lo que hoy ocurre es culpa del poder Judicial por omisión y por gerenciar un programa que favorece al delito. Todos los jueces de Brasil saben que las cárceles son controladas por el crimen organizado y siguen enviando presos allí», explicó.
Apuntó que en los últimos tiempos recrudeció la violencia en las cárceles, con 97 muertos en rebeliones en 2010, 2013 y 2015 en el nordestino estado de Maranhao.
«El Poder Judicial es cómplice, el administrativo también. El Estado es responsable por las muertes en las cárceles. El juez es el primer responsable, luego de los de ejecución penal y el propio ministerio público. Los fiscales deben fiscalizar y no fiscalizan», se quejó.
La Pastoral Carcelaria es una de las principales instituciones que realiza informes sobre los presos y las condiciones de detención en Brasil.
Es por eso que según el cura Silveira la entidad reclama «medidas de urgencia para evitar la continuidad del caos instalado» como reunir criterios a favor de las excarcelaciones.
«Es un sistema en el cual la persona es detenida y al mismo tiempo abandonada por el Estado. Las condiciones de supervivencia en una cárcel brasileña son precarias, ya que el Estado tampoco se hará cargo de la alimentación, la salud y la reinserción laboral y educativa del detenido», dijo.
Para él, el principal problema es la lentitud de los jueces en emitir sentencias, ya que el 41% de la población carcelaria corresponde a procesados sin condena.
«El estado de Amazonas, ahora en el centro de la atención, es el campeón en gente presa (67%) sin haber siquiera haber tenido una audiencia con el juez que lo procesa. Y cuando los presos son juzgados, resulta que según la estadística oficial el 37% es considerado inocente», sostuvo.
Según datos de la Pastoral Carcelaria, la mayor parte de las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, tiene que ver con la venta minorista y consumo de drogas ilicítas.
«Brasil envía a la prisión a gente que consume drogas ilícitas y es allí donde se garantiza que las siga consumiendo, porque hay tráfico de drogas entre los presos.
Otro tema sobre la ausencia del Estado frente al detenido es la presencia de las organizaciones criminales.
«Si el Estado no le paga la visita a los familiares, las familias lo hacen ayudadas por las bandas. Ellos desarrollan un sistema solidario con asistencia social, entrega de comida, remedios a las familias de los presos. Claro que después te lo cobran», explicó.
Silveira se opuso a la propuesta del presidente Michel Temer de construir más presidios para solucionar el tema al recordar que lo mismo se dijo con la construcción de otras 50 unidades penales, luego de la masacre de Carandirú, en 1992 en San Pablo, con 111 detenidos muertos a manos de la policía.
«Existe un discurso alimentado por medios sensacionalistas que llevan a las personas a odiar a las pobreza porque siempre se muestra al delincuente vinculado con la pobreza. Gran parte de la Iglesia Católica es omisa con esto, se posiciona con los que odian, con los que aplauden cuando el Estado mata», sostuvo.
El sacerdote apuntó que este año de crisis y ajuste el Poder Judicial se otorgó en julio pasado un 41% de aumento en el salario «cuando hubo apenas desempleo para los más pobres».
Fuente: Telam
