El Correo Argentino sumó un nuevo sueldo a los 16.700 que tiene que pagar mensualmente, en todo el país. Se trata del ex director nacional electoral, el abogado Alejandro Tullio, que llegó al cargo en el 2001, durante el gobierno delarruista, pero que se hizo poderoso en los años K, manipulando la legislación y los recursos presupuestarios para garantizar el clientelismo.
Después de 14 años, Tullio dejó la DINE el 30 de diciembre del 2015, luego del intento de continuar en el cargo. No lo logró, pero un año después fue contratado para asesorar al Gobierno en el proceso electoral desde el Correo Argentino, una oficina pública que juega un rol clave en las elecciones porque distribuye las urnas y las boletas, que luego retira junto con las actas de votación.
Además, el Correo Argentino es el responsable de contratar a INDRA, la empresa que realiza el escrutinio provisorio. Ambas cuestiones exigen un notable esfuerzo logístico donde están implicadas más de 300 mil personas, miles de camiones, personal de seguridad y tecnología acorde a lo largo y el ancho del territorio. Este es el primer año que la responsabilidad de la tarea estará en manos de Cambiemos.
La polémica contratación se decidió después del fracaso de la boleta electrónica en el Senado, por la impugnación de los jefes territoriales peronistas menos apegados a las políticas de transparencia electoral. «Conoce todas las trampas, es el mejor camino para terminar con las mafias políticas», dijo un allegado al presidente Mauricio Macri. Y ante la cara de sorpresa de Infobae, agregó: «Vas a ver que no van a poder robarle un voto a ningún partido».
En efecto, Tullio es reconocido como el más experto en procesos electorales de la Argentina y América Latina, luego de tantos años al frente de la DINE. De origen radical, al verlo regresar a los actos partidarios, algunos correligionarios dicen por lo bajo que se trata de un «mercenario», un soldado eficiente y con experiencia, dispuesto a participar en cualquier guerra a cambio de ventajas personales. Correo Argentino confirmó la contratación, aunque no explicó las funciones específicas ni los honorarios que cobra para llevarlas adelante.
La seguridad y la infraestructura tecnológicas también son motivo de preocupación de la Cámara Nacional Electoral que, esta semana, le envió a la presidenta del Consejo de la Magistratura una nota -a la que accedió Infobae- para que «se adopten los recaudos» de los servicios que son responsabilidad de la Justicia nacional electoral. Entre otras cuestiones, los padrones, el registro de infractores a la obligación de votar, la inscripción al registro de residentes en el exterior, los informes de financiamiento partidarios y la capacitación para autoridades de mesa y delegados.
Sucede que el llamado «Informe preliminar de seguridad informática» elaborado por el perito auditor informático Héctor Hernández por encargo de la jueza María Servini, que descubrió manipulación de los sorteos judiciales, también tiene un capítulo vinculado al fuero electoral, cuya administración de datos es de las más grandes de la administración, solo comparable con la de la AFIP o el Banco Central. Sin embargo, las medidas de seguridad informática no son comparables con la de esos organismos.
