El funcionario hizo una distinción entre el concurso preventivo y «las demandas por daños y perjuicios» de la empresa de Franco Macri, y aclaró que entre las cuatro existentes, la más voluminosa es la que iniciara en junio de 2016 por 2.300 millones de pesos y que, según indicó, «ni el Estado ni la Procuración fueron comunicados».
«No teníamos conocimiento cierto de la demanda y como dice la ley, transcurridos seis meses que se vencieron la semana pasada, si no se impulsa el proceso, se llega a la caducidad y la contraparte puede pedir al juez su extinción», explicó Balbín en declaraciones a radio Mitre la estrategia de los letrados del Estado.
De todas maneras, aclaró que en esta instancia lo que se discute «es una cuestión previa formal procedimental que favorece al Estado argentino» pero que «para resolver el conflicto hay que ver los dos juicios, el concurso y la demanda».
Fuente: Telam
