El nuevo decreto migratorio del presidente Donald Trump enfrentó su primer obstáculo judicial, después de que un juez federal suspendiera la aplicación de la medida para la esposa y la hija de un refugiado sirio en Estados Unidos.
En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será examinado el 15 de marzo próximo, la víspera de su entrada en vigor.
El juez federal de Wisconsin William Conley impidió el viernes en un fallo preliminar que se prohíba la llegada de la esposa y la hija de este refugiado sirio, al considerar que corren «el riesgo de sufrir un daño irreparable» si se aplica el decreto de Trump, que niega la admisión de refugiados a Estados Unidos durante 120 días.
El demandante, un musulmán sunita que huyó de la guerra en Siria en 2014 para evitar una «muerte casi asegurada», según los documentos enviados al tribunal, recibió el estatuto de refugiado en Estados Unidos, y luego presentó la demanda de asilo para su esposa e hija, quienes permanecen en Alepo.
Su solicitud estaba a punto de recibir luz verde cuando se vio obstaculizada por el decreto antimigratorio de Trump, que también prohíbe la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque la decisión del juez Conley se aplica únicamente a este sirio y a su familia -cuya identidad quisieron preservar-, tiene una fuerte carga simbólica, al ser la primera medida judicial contra esta nueva orden ejecutiva de Trump, una versión modificada del decreto implementado el 27 de enero.
Éste fue suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle después de que provocara una ola de indignación dentro y fuera del país.
«Daño irreparable»
De acuerdo con la decisión del magistrado, los argumentos del demandante «tienen posibilidades de ser validados», principalmente porque si la familia tiene que permanecer en Siria, puede sufrir «un daño irreparable».
El juzgado de Wisconsin estableció una audiencia para el 21 de marzo y, admitiendo posibles «diferencias importantes» entre las dos versiones del decreto, indicó que los argumentos que favorecen la suspensión podrían ser confrontados por «otros tribunales».
El nuevo decreto migratorio de Trump ya está siendo atacado en las instancias judiciales por varios estados como Washington, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva York, Oregón y Hawai, así como organizaciones en defensa de los derechos civiles.
Tanto este nuevo decreto como el anterior estuvieron «motivados por un sentimiento antimusulmán y discriminatorio basados explícitamente en los orígenes nacionales», denuncian estas asociaciones.
La ACLU y el National Immigration Law Center interpusieron un recurso en nombre del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados y el grupo de reasentamiento de refugiados HIAS, así como de varias personas.
El recurso argumenta que la nueva orden ejecutiva viola la protección constitucional de libertad de credo y que el decreto está «diseñado con el objetivo de discriminar a musulmanes».
La Casa Blanca defiende el decreto para reforzar la seguridad nacional y aplicar una política de «verificación extrema» en las fronteras para impedir las infiltraciones de extremistas yihadistas.
Las partes afinan sus argumentos de cara a las diversas audiencias cruciales previstas el 15 de marzo.
Paralelamente, Trump ha demostrado en los últimos días una mayor voluntad de retomar el control judicial del país.
El Departamento de Justicia pidió el viernes la renuncia de 46 fiscales federales que nombró Obama y que seguían en sus cargos.
El de mayor perfil público, Preet Bharara, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, aseguró el sábado que fue despedido después de negarse a renunciar la víspera. «No dimití. Fui despedido hace unos instantes», escribió en su cuenta de Twitter.
