La sentencia, que encuentra a Mas culpable de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) español, es la primer resultado concreto de la estrategia judicial del gobierno central del conservador Mariano Rajoy, que intenta evitar que la norteña región de Cataluña celebre un referéndum de secesión por considerarlo ilegal.
«En el Estado español la ley no es igual para todos, si fuese así, la supuesta desobediencia debería se condenada siempre, y el gobierno español incumplió sentencias y no pasó nada», subrayó Mas en conferencia de prensa tras recibir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El ex jefe del gobierno regional apelará ante el Tribunal Supremo español, en el que tiene «poca esperanza», y una vez agotadas todas las instancias en el país irá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, «si hace falta».
«Hemos sido condenados por defender unas ideas soberanistas; en el Estado español se persigue a la gente por sus ideas», subrayó Mas, quien destacó la «brutal diferencia» entre la democracia de España y el Reino Unido.
«Aquí nos condenan y allí anuncian un segundo referéndum», dijo, haciendo referencia al anuncio de hoy de la ministra principal de
Escocia, Nicola Sturgeon de que pedirá autorización a Londres para una nueva consulta vinculante.
De confirmarse su condena, Mas podría ver frustradas sus aspiraciones políticas, puesto que siempre dejó entrever que se había apartado de la primera línea sólo para permitir que los independentistas pudieran formar gobierno tras las elecciones de septiembre de 2015.
Mas dejó su lugar a Carles Puigdemont, al que los anticapitalistas del partido independentista CUP le dieron apoyo con un mandato claro: avanzar en la «hoja de ruta» de secesión en un plazo de 18 meses.
Puigdemont prevé celebrar en septiembre un referéndum vinculante en el que de ganar el «Sí» a la secesión -como ocurrió con la consulta de 2014-, consumará la ruptura de Cataluña con España.
“Lo que la Justicia española condenó hoy lo indultará el pueblo de Cataluña con el referéndum”, advirtió Puigdemont en una comparecencia en la sede del gobierno catalán.
“Esta sentencia no por esperada es menos grave”, señaló. Además, «se envía el mensaje que no se quiere una solución política”, apuntó el dirigente independentista, para luego subrayar que «ninguna sentencia hará que su gobierno incumpla con los compromisos que adoptó, sino todo lo contrario».
«Sabemos que lo que estamos haciendo vale la pena», había dicho Mas, al tiempo que pidió «firmeza, determinación» y «no tener miedo» a «todos» los independentistas para seguir avanzando hacia la secesión.
Junto con Mas fueron condenadas la ex presidenta catalana Joana Ortega, quien recibió una pena de un año y nueve meses de inhabilitación, y la ex consejera de Educación catalana Irene Rigau, sentenciada a un año y seis meses de inhabilitación, ambas por haber «colaborado» con la iniciativa del jefe del gobierno regional. Entre los tres deberán pagar 90.500 euros de multa.
No obstante, los dirigentes independentistas fueron absueltos del delito de prevaricato del que habían sido acusados, según la sentencia leída por el presidente del TSJC, Jesús Barrientos.
Mas, Ortega y Rigau fueron juzgados hace un mes por haber organizado la consulta sobre la secesión del 9 de noviembre de 2014, pesa a que había sido vetada por el Constitucional español.
El entonces presidente catalán se comprometió a realizar un referéndum vinculante tras las multitudinarias manifestaciones independentista que tuvieron lugar dos años antes en Barcelona en pleno malestar social por la crisis económica.
El TC se lo prohibió, pero él mantuvo la fecha y anunció que sólo sería un «proceso participativo», no vinculante. La Justicia suspendió también la segunda consulta. Sin embargo, más de 2 millones de catalanes- menos del 40% del electorado- votaron masivamente a favor de la secesión.
En la sentencia, el tribunal reprocha a los tres acusados que «lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional», adoptaron conductas que demostraron su «determinación firme de contravenir» la resolución.
Durante la vista oral, Mas dijo que no tenía «ánimo de cometer ningún delito ni desobedecer a nadie», pero admitió ser el máximo responsable de la iniciativa. También alegó que fueron «voluntarios» los que llevaron adelante la consulta.
Fuente: Telam
