«Somos los rehenes del Brexit.» Camila Hillier-Fry cuenta que vive en un mar de incertidumbre desde el referéndum que disparó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Inglesa afincada desde hace años en España, teme perder derechos que creía garantizados: la residencia, el acceso a la sanidad pública y el permiso para trabajar.
Ahora que la ruptura va en serio afronta un dilema emocional. Se plantea renunciar a la ciudadanía británica y hacerse española, el único camino seguro que se le abre para sortear el limbo legal en que la deposita la política de la primera ministra británica, Theresa May.
Hay cientos que ya dieron ese paso angustioso. Las inscripciones de británicos para pasar el examen de ciudadanía española aumentaron un 431% desde enero en relación a la media del año anterior, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia.
Las autoridades no dan abasto con las solicitudes. España es el país europeo con más expatriados británicos: 308.821 figuran en el padrón (casi el doble que en Francia). Gozan por ahora de los mismos derechos que los locales, excepto la posibilidad de votar en elecciones generales o autonómicas.
«Si Gran Bretaña sale de la UE sin acuerdo, como amenaza May, todos nuestros derechos europeos se extinguirán de golpe. Nadie piensa en nosotros», se queja Hillier-Fry, socia de una consultora de recursos humanos y fundadora de la plataforma Eurocitizens, que pelea para que a los residentes en el exterior se le extiendan en el tiempo los derechos que da la ciudadanía europea.
Entre las libertades en riesgo figura la circulación y residencia en los 28 países del bloque, la posibilidad de trabajar sin tramitar permisos y el reconocimiento automático de títulos universitarios.
La situación se hace más delicada para los jubilados británicos que eligieron mudarse a la costa valenciana o andaluza -el grueso de la comunidad-, a quienes las consecuencias del Brexit podrían dejar sin cobertura médica pública en un momento de la vida en que ningún seguro privado los aceptaría.
«Imagina la situación que se le plantea a una persona mayor, que la única manera de mantener esos beneficios lógicos consiste en renunciar a su patria», explica Michael Harris, otro activista forzado por las circunstancias. Es escritor, vive desde 1982 en Madrid y ahora, a los 61 años, pasó los dos exámenes -idioma e integración- requeridos para la concesión del pasaporte español.
España no tiene un acuerdo de doble ciudadanía con Gran Bretaña y no permite que los británicos naturalizados sigan usando su nacionalidad original. En cambio, a un español que adquiera la nacionalidad británica se le consiente tener las dos si solicitan esa voluntad.
George Thomas, de 76 años, es otro de los que inició el amargo trámite que lo llevará a abandonar a su condición de británico. «A esta altura de mi vida no puedo arriesgarme a que España quede obligada a imponerme condiciones desfavorables», dice. Hace 18 años que vive en Javea, un pueblo de playa donde hay censados 5000 ingleses sobre 27.000 habitantes. Él llegó a ser concejal socialista y aprovecha su posición para convertirse en vocero de sus connacionales.
Una ruptura por las malas afectaría también a los miles de jubilados británicos que tienen propiedades en la costa mediterránea y pasan largas temporadas allí. Ahora peligra su libertad para entrar al país sin trabas y para usar la salud pública.
Los ingleses afincados en España mantenían la esperanza de que el proceso del Brexit fuera amigable y atendiera los derechos de los expatriados. Pero desde que la semana pasada May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició a las negociaciones de salida, la discusión se volvió agria.
Detonante
Desde ese momento, entre Madrid y Londres estallaron tensiones inesperadas.
El detonante fue la decisión del Consejo Europeo de concederle a España poder de veto en cualquier acuerdo que la UE alcance con Gran Bretaña sobre la situación de Gibraltar, el enclave del sur de la península ibérica sometido a una disputa de soberanía desde el siglo XVIII.
Michael Howard, ex líder de los conservadores, enturbió las relaciones al advertir que May estaría dispuesta a defender la soberanía británica de Gibraltar como hizo Margaret Thatcher en las islas Malvinas. La primera ministra bajó el tono 48 horas después, pero sin condena explícita de la amenaza de guerra.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, contraatacó con la sugerencia de que su país apoyaría el ingreso de Escocia en la UE. Un escenario que requeriría primero otro referéndum de independencia, algo a lo que May se resiste.
Para los británicos que viven en España el ruido diplomático complica la expectativa de un acuerdo bilateral que blinde los derechos de los respectivos migrantes después del Brexit.
«La situación es parecida a la que sufren los españoles [132.000, según cifras oficiales] que viven en Gran Bretaña. Somos moneda de cambio y nadie tiene en cuenta dónde nos dejan», insiste Hillier-Fry. La mayoría empieza a resignarse a cambiar de ciudadanía. La historia se repite en casi todos los países de la UE.
La opción más lógica es Irlanda, de vínculos muy cercanos con Gran Bretaña y que permite la posibilidad de tener la doble nacionalidad.
Pero también hay ingleses que rastrean sus raíces en Italia -país más permisivo de lo normal en la concesión de pasaportes- o investigan leyes de reparación, como la vigente en Alemania para descendientes de personas perseguidas durante el nazismo, o la que rige en Portugal para judíos de origen sefardí.
Fuente: la nación
