La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, presentó un informe a la presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), en el que buscó justificar la adquisición de un inmueble por parte del Ministerio Público pero confirmó la apertura de un «sumario interno» por presunto tráfico de «información privilegiada».
En el documento de 33 páginas, Gils Carbó explicó las razones por la que compró la propiedad de la calle Perón al 667 y presenta anexo de «documentales y copia de todas las actuaciones» en las que se formalizó la operación inmobiliaria.
Asimismo, la jefa de los fiscales confirmó la existencia de una investigación interna por un presunto caso de «utilización de información privilegiada» que involucra a un funcionario del organismo que presuntamente brindó datos a un familiar para favorecer a la inmobiliaria que intervino en la operación. Lo que ocurrió fue que Juan Carlos Thill –hermano del ex segundo de Gils Carbó, Guillermo Bellingi– cobró una comisión de $3 millones por la compra del edificio donde funciona la Procuración, en Perón 667. Ese edificio se vendió en 43,8 millones de pesos.
Esta presentación de la procuradora fue adoptada luego de que diputados de la alianza oficialista Cambiemos solicitarán su presencia para que informe sobre «las supuestas irregularidades que se le atribuyen en el proceso de designación de fiscales», pedido que será tratado el jueves a las 11, cuando la bicameral se reúna para definir su agenda.
Al respecto, según la agencia DyN, Gils Carbó se manifestó a «disposición de la Comisión Bicameral para evacuar toda consulta».
En el informe difundido hoy, la funcionaria explicó que la Procuración se anotició por «información periodística -revelada por Clarín– de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón» y el 23 de marzo pasado recibió «una orden de presentación» del juez federal Julián Ercolini, en la que solicita la documentación relacionada con la compra del inmueble».
«Esos hechos fundaron la decisión de la Procuradora General de la Nación de iniciar actuaciones administrativas con miras a esclarecer cualquier irregularidad que haya podido suscitarse en el marco de la adquisición inmobiliaria», explicó la procuradora.
En este contexto mencionó a Juan Carlos Thill, quien fue señalado de acceder a información privilegiada suministrada por su hermano Bellingi, funcionario del Ministerio Público, para favorecer a la inmobiliaria que intervino en la operación.
De acuerdo a lo determinado por el Ministerio Público, Bellingi «había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón y que resultaba altamente probable un vínculo familiar entre éste y Thill».
«Esos extremos, conjugados con la información que surgía de la factura publicada, terminaron de conformar el esquema de presunciones en función del cual la Procuradora General dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier otra responsabilidad», transmitió.
En la carta presentada hoy a Camaño, Gils Carbó expresa que «con motivo de que en los últimos días se han difundido públicamente presuntas irregularidades en torno a la adquisición, por parte de la Procuración General de la Nación, del inmueble ubicado en la calle Perón 667, remito un informe sobre la cuestión para conocimiento de las/os señoras/ es integrantes de esa Comisión».
Este caso, que se inició a partir de un pedido de investigación del fiscal Carlos Rívolo, y fue rechazado oportunamente por Gils Carbó, se suma al pedido de citación de la funcionaria por parte de los legisladores de Cambiemos.
Clarín
