La cantidad de cesantías sugiere que los casos individuales de personas afectadas no se evaluaron adecuadamente, dijo el funcionario de la ONU, quien también manifestó su preocupación por la prolongada vigencia del estado de excepción en Turquía, consignó la agencia de noticias DPA.
Este fin de semana fueron despedidos por decreto más de 3.900 empleados estatales, entre ellos jueces, militares y científicos, por estar supuestamente vinculados al clérigo exiliado Fetullah Gulen, a quien el presidente Recep Tayyip Erdogan acusa de instigar el fallido golpe de estado de julio de 2016.
Los decretos del sábado también dispusieron el cierre de 14 asociaciones, 13 organizaciones de salud y 18 fundaciones, informó la agencia noticiosa estatal Anatolia.
Según datos oficiales difundidos a principios de abril, más de 47.000 personas, sindicadas por el gobierno como posibles golpistas o cómplices de éstos, fueron detenidos bajo la figura de prisión preventiva desde julio, mientras decenas de miles de empleados estatales -principalmente maestros, fiscales, jueces, policías y militares- fueron despedidos o removidos de sus cargos.
La oposición denuncia desde hace meses y sin mucho éxito que esta purga masiva y la ola de detenciones no busca golpear a los sectores que encabezaron o participaron del golpe fallido, como sostiene el gobierno de Erdogan, sino desarmar y debilitar a los críticos del oficialismo.
Fuente: Telam
