«Consideramos que el 2 por 1 es un símbolo de la impunidad en la Argentina». El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, se refirió así al fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable la ley conocida como del 2 x 1 a un ex paramilitar sentenciado por torturas y desapariciones y que en la práctica dio por cumplida su sentencia.
«Es un mecanismo que justamente lo que hace es que se consagre la impunidad. Beneficiaba a los delincuentes mas complicados. Esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad», sostuvo.
En diálogo con radio Nacional AM 870, Peña fue contundente: «Rechazamos el concepto del 2 por 1 y rechazamos que se aplique a crímenes de lesa humanidad».
El jefe de Gabinete consideró que el fallo será «muy restrictivo» y explicó: «A lo sumo puede aplicarse a un puñado de casos». Inmediatamente agregó: «Tendrá que resolverlo la Justicia, pero esperamos que sea muy restrictivo».
«La Justicia es independiente. La Corte Suprema tiene personas independientes y son responsables de sus fallos. La política que lleva adelante el Gobierno es de continuar con la política de memoria, la verdad y la justicia», sostuvo.
Qué pasó. El miércoles último, la Corte benefició a Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por haber participado del secuestro y torturas a cinco personas en 1976, con el 2 por 1. El máximo tribunal consideró que se debe aplicar la ley penal más benigna y en la práctica dio por cumplida su sentencia, porque pasó preso poco más de nueve años.
El fallo fue dividido: la mayoría del tribunal estuvo integrada por los juecesElena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti , en tanto queRicardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia.
2 por 1. Entre 1994 y 2001 rigió en la Argentina el 2 por 1, que computaba por dos cada día que una persona estaba presa en prisión preventiva, sin condena, por encima de los dos años. Esta ley pretendió acortar los plazos de detención sin condena, pero no lo logró y se derogó. Hoy la situación es igual, pues la mitad de los detenidos sigue en prisión preventiva sin que se resuelva si son culpables o no.
Muiña fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a 13 años de cárcel y su pena quedó firme en 2013. El tribunal le aplicó el 2 por 1 y entendió que su sentencia se iba a cumplir en noviembre de 2016. El fiscal apeló y la Sala IV de la Casación le dio la razón y ordenó volver a computar la pena. Muiña recurrió a la Corte y ahora el máximo tribunal le dio la razón y le aplicó el 2 por 1. La sentencia generó una fuerte polémica.
Los fundamentos del fallo de la Corte
Ley penal más benigna. Por mayoría, con los votos de Highton, Rosenkrantz y Rosatti, la Corte determinó que la aplicación de la ley penal más benigna, establecida en el Art. 2 del Código Penal, resulta extensivo a todos los delitos, sin distinción alguna.
Principio de legalidad. Highton y Rosenkrantz dijeron que aún si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del beneficio a los delitos cometidos por Muiña debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad.
Estado de Derecho. Los votos por la mayoría argumentaron que «la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho».
Potestad legislativa. Rosatti dijo que «si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad, no lo puede hacer ahora el juez».
Disidencia. Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia y señalaron que la jurisprudencia de la Corte determinó que en los delitos de lesa humanidad no hay posibilidad de amnistía ni de indulto ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional.
Política de Estado. Ambos ministros dijeron que la persecución de los delitos de lesa humanidad es «una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas y constituye parte del contrato social de los argentinos».
Fuente: la nación
