Leonardo Fariña, el arrepentido «valijero» de Lázaro Báez, imputado protegido en la causa por lavado de activos que investiga al detenido empresario santacruceño, declaró durante esta madrugada en los tribunales federales de Comodoro Py durante seis horas, en un horario inusual para la Justicia: de 23 a 5.
Fuentes judiciales atribuyeron el llamativo horario del trámite procesal a queFariña se encuentra acogido al programa nacional de testigos protegidos, por lo cual goza de custodia especial, prerrogativas de seguridad y reserva de datos de su vida privada.
Fariña había sido citado por el juez Sebastián Casanello, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7, para esta mañana a las 10 para ampliar su declaración indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero que tiene al empresario Lázaro Báez como principal acusado, y por la que está procesado junto a Báez, el ex financista Federico Elaskar y otros.
Fariña ingresó al juzgado de Casanello a las 23 de ayer y se retiró a las 5.30. Habló ante el magistrado y sus secretarios y aceptó responder preguntas.
Elaskar
El martes fue el turno de Elaskar, quien negó haber participado de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y señaló directamente al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco como los responsables de la polémica venta de la financiera SGI, más conocida como «La Rosadita», y desligó así a Lázaro Báez de la operación.
Ex dueño de la firma, Elaskar aseguró que la sociedad fue adquirida por los socios del empresario (Pérez Gadín y Chueco) con dinero que le habrían robado a su jefe (Báez).
Sin embargo, Elaskar admitió una relación de «dos meses» con el valijero Fariña, quien luego trabajó para los Báez en «La Rosadita».
«La Rosadita»
La financiera SGI fue adquirida por Helvetic Service Group, una enigmática sociedad suiza cuyo apoderado es Chueco, uno de los abogados de Báez. La financiera resultó clave para el esquema de lavado de dinero que habría implementado Báez para sacar plata a distintos paraísos fiscales, como Panamá, Belice y Suiza.
La Justicia sospecha que el dinero que salió del país a través de la financiera SGI tiene un origen ilícito vinculado a los millonarios contratos de obra pública que Austral Construcciones obtuvo durante la gestión de los Kirchner. El juez Casanello investiga ahora cuentas bancarias por unos 20 millones de dólares cuyos beneficiarios son Báez y sus hijos.
«La Rosadita» es clave para la causa, además, por el video que captó a Martín Báez, el primogénito del empresario, mientras contaba cinco millones de dólares en una de las oficinas de la firma que funcionaba en el edificio Madero Center, en Puerto Madero.
Después de la difusión de esas imágenes, el juez Casanello procesó al hijo de Báez. Su padre, Lázaro, y sus colaboradores Pérez Gadín y Chueco permanecen detenidos acusados de participar de una asociación ilícita.
Fuente: la nación
