La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que está de acuerdo con que las personas mayores de 75 años que están condenadas por haber cometido algún delito reciban el beneficio de la prisión domiciliaria, independientemente de la naturaleza de los hechos por los cuales fueron juzgados. «Sean delitos de lesa humanidad o sean delitos comunes», precisó.
La opinión de «Lilita» coincide con un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema, que revocó un fallo que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Se contrapone, además, a un pedido histórico de organismos de derechos humanos que exigen que los militares condenados por su accionar durante la última dictadura cumplan las penas en cárceles comunes. «Eso no me parece humanitario», se distanció la dirigente que buscará en octubre revalidar su lugar en la Cámara baja en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Carrió reiteró que le pareció «correcto» el fallo del máximo tribunal de Justicia que convalidó la aplicación del 2×1 para Luis Muiña. Esa sentencia provocó una rápida reacción del Congreso, que reglamentó la aplicación de una ley que está derogada pero en algunos procesos puede ser utilizada en virtud el principio de ley más benigna, que rige en procesos penales.
«Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad», detalló en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.
La líder de la Coalición Cívica también se pronunció a favor «del derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de los crímenes de la guerrilla». Y a modo de ejemplo, citó: «Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó».
La frase de Carrió alude a la «Operación Primicia», un ataque al regimiento de Infantería de Monte 29, atribuido a Montoneros durante el gobierno de Isabel Perón. Aquella operación es recordada como el primer ataque de Montoneros a un cuartel del Ejército, cuyo jefe era Jorge Rafael Videla. Hubo, en total, veintiocho muertos por lo cual la operación provocó una conmoción a nivel nacional.
La fundadora de Cambiemos, la coalición de gobierno, reveló que habló con el presidente Mauricio Macri antes de su partida a China sobre las implicancias de la declaración de Leonardo Mirelles, uno de los operadores arrepentidos del Lava Jato brasileño. El cambista dijo que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, recibió al menos 10 transferencias por USD 850 mil.
«Con el Presidente estamos de acuerdo en que la investigación debe llevarse hasta el final. En esto hay una diferencia sustancial con gobiernos anteriores: hay funcionarios actuales que están siendo investigados por la Justicia. No sucedió nunca», evaluó.
«En el caso de Arribas yo les puedo decir la absoluta voluntad del Presidente de que se sepa toda la verdad. Él tiene una enorme dificultad que todo el mundo sabía: pertenece a una familia con inversiones en distintos campos. Él está haciendo un esfuerzo sobrehumano, con enfrentamientos familiares muy fuertes para despegar a toda su familia de los negocios con el Estado», agregó.
«Lilita» marcó como «llamativo» que hasta ahora Meirelles no haya mencionado al ex ministro de Planificación Julio De Vido en sus declaraciones. Es que de acuerdo a sus denuncias, el gobierno kirchnerista quebró y estatizó empresas de servicios públicos para hacer negocios con las compañías.
