En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas «no contributivas». Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, incompatible con un país que no ha sufrido catástrofes humanas de ninguna índole que las justificaran.
Según dio cuenta en un informe el economista Federico Muñoz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, osciló entre 72.000 y 79.000 personas.
Pero con la llegada a la presidencia de Néstor Kichner comenzó un ciclo de incorporación a un ritmo inédito: 81.359 en los siete meses de gestión en 2003 hasta 230.847 al fin del mandato.
Sin embargo, los números que difundió el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2015 conduce Carolina Stanley, quien luego da la instrucción de pago a la Anses, parten de 180 mil beneficiarios en 2003 y escalan hasta 1,8 millones doce años después.
Semejante dinámica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de catástrofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la población argentina.
Se sabe que históricamente la administración pública no se ha caracterizado por la excelencia, y por tanto no sólo se destaca el despilfarro de los ingresos que se obtienen por la vía de impuestos, como también por el endeudamiento desmedido y la emisión descontroladas; sino también por desatender las reales necesidades de muchos trabajadores y de familias argentinas.
A partir de allí, y de la contundencia de las estadísticas oficiales sobre el crecimiento de las pensiones no contributivas, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de depuración de la nómina, para que el beneficio alcance exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, y en los términos que define la legislación vigente.
LA RESPUESTA OFICIAL
En relación a los supuestos recortes de pensiones por invalidez debido a razones presupuestarias, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclaró que:
1. En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. De esta forma, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones.
2. El padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes.
3. El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo en declaraciones radiales que «en 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido».
4. «Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo», agregó Badino. El objetivo de la actual gestión es brindar transparencia al sistema, de manera de asegurar su sustentabilidad y de evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.
5. Es importante destacar que si algún pensionado es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos. A tal efecto, se solicita que los pensionados se dirijan a los Centros de Atención Local que correspondan a su domicilio.
6. Las suspensiones no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación.
Infobae
