Autoridades de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias de la Municipalidad manifestaron su repudio por el quite de pensiones a personas con distintos tipos de discapacidad y remarcaron que se trata de una violación a un derecho constitucional que debe ser amparado por la Justicia.
Matías Lescano, asesor legal, consideró que con esta medida adoptada por el Gobierno Nacional se buscó reflotar el decreto Nº 432 del año 1997 que establece rigurosas condiciones para acceder a pensiones por discapacidad, entre las que establece que las personas que accedan a este beneficio deberán tener un 76% de discapacidad y vivir en estado de indigencia.
La quita de pensiones plantea que se darán de baja las pensiones a las personas con discapacidad que cuenten con la titularidad de un bien inmueble o vehículo, o en el caso de que su guardador perciba algún tipo de ingreso formal mensual.
Al respectó, Lescano manifestó: “Consideramos que la Nación debería haber evaluado cada caso en particular realizando auditorías. Ante esta medida se deja en evidencia la falta de respeto a las normativas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las personas con discapacidad. En las mismas se establece que éstas son sujetos de derecho”.
Agregó: “Es cierto también que mucha gente no cuenta con los requisitos necesarios, pero en la mayoría de los casos una familia que tiene algún miembro con discapacidad tienen gastos mensuales excedentes y exclusivos para mantener la calidad de vida de la persona”.
En este sentido, el funcionario indicó que en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias de La Banda, ubicadas en Aristóbulo del Valle Nº 640, se brinda asesoramiento legal de manera gratuita, de lunes a viernes de 8 a 13.
Por su parte, el coordinador de la Oficina de Discapacidad, Facundo Fisher, destacó el permanente acompañamiento y asesoramiento que se realiza desde la actual gestión a las personas con discapacidad y sus familias a través de una fuerte política de inclusión.
“Contamos con un gabinete interdisciplinario integrado por los psicólogos David Morales y Belén Benac y por el abogado Matías Lescano; además entregamos una unidad alimentaria mensual a familias de bajos ingresos que tienen a cargo a una persona con discapacidad y realizamos cada 15 días encuentros con el grupo de apoyo terapéutico”, resaltó Fisher.
