Las recientes agresiones sindicales de las que fueron blanco el presidenteMauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , tienen también su correlato en el sector empresario.
«Desde que el Presidente salió a hablar de las mafias [sindicales] no tengo menos de dos o tres denuncias por semana por aprietes», dijo hace unos días el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, durante un almuerzo con miembros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
En la secretaría que ocupa el número dos del Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicales.
Extorsiones para que las empresas sumen más trabajadores de lo previsto; tiros en el domicilio de un directivo de una compañía de Entre Ríos por haber despedido personal, y pedidos de sobornos para no paralizar una obra son algunos de los casos.
La semana pasada, el eje de las presentaciones fue solamente uno: los juicios laborales. Fue a partir de la acusación de Macri contra el diputado kirchnerista Héctor Recalde, a quien señaló como el conductor de «la mafia de los juicios laborales». Un caso: la empresa Sinteplast denunció ante el Gobierno que sus trabajadores hacen presentaciones en la Justicia contra las ART por «una expectativa monetaria desmesurada prometida por los abogados».
Sabor tomó nota de los episodios y en algunos de ellos hasta ofició como una suerte de mediador entre el sector empresario y los gremios. Sin embargo, en algunos casos, la capacidad de acción del Ministerio de Trabajo se percibe limitada ante determinados hechos que rayan lo delictivo y que requerirían la intervención de la policía y de la Justicia.
«Necesitamos que la Justicia haga algo porque a veces no tenemos herramientas para avanzar», se quejaron en voz baja en el organismo que dirige Jorge Triaca. Tensiones cotidianas que guían hoy el vínculo entre el Gobierno y la Justicia.
Las denuncias empresarias en el Ministerio de Trabajo no tienen siempre su réplica en la Justicia. «No lo hacen porque a veces terminan arreglando entre las partes», argumentaron con algo de resignación en la sede laboral.
Entre las denuncias recibidas por el secretario de Trabajo, una es de la aceitera Entre Ríos Crushing, que está en conflicto con la Federación de Aceiteros desde febrero por la reducción de personal. Escaló la tensión cuando la jefa de recursos humanos de la empresa denunció un ataque a tiros en su vivienda, además de haber sufrido escraches y amenazas por parte de los delegados del gremio.
LA NACION consultó a la empresa, pero dos voceros prefirieron mantener el silencio. Argumentaron que Juan Martín Echeguía, el presidente de la compañía, era quien iba a dar una respuesta.
Sucedió lo mismo con dos compañías de bebidas que optaron por la cautela antes de relatar sus tironeos con el sindicato de los camioneros, de Hugo Moyano, y con el de Aguas y Gaseosas, de Rubén Álvarez.
Sabor recibió denuncias de empresarios por pedidos de sobornos de los operarios que llevan adelante refacciones en el puerto de Bahía Blanca y en otras obras públicas de la zona. El Ministerio de Trabajo, en realidad, tiene varias seccionales de la Uocra en la mira. Son todos bastiones que no responden a Gerardo Martínez, el jefe nacional de los albañiles. En el sindicato dan luz verde al Gobierno para actuar en caso de que exista alguna denuncia judicial.
También hay un seguimiento por el modus operandi de los sindicatos petroleros de la Patagonia. «Piden contratar el doble de gente de la que realmente se necesita para los pozos. Exigen eso y si no, garantizan quilombo», describieron en el oficialismo el tono de las negociaciones en el sector petrolero.
Preocupa también una disputa de bandas por el control del sindicato de la carne. La interna, en la que se entrecruzan barrabravas de Boca, altera la producción en los frigoríficos, según relataron en la cartera laboral.
Un conflicto paradigmático, pero que sí tuvo su correlato en la Justicia, es el de la línea 60 de colectivos. El 9 de septiembre de 2016 un operario falleció al ser aplastado por un colectivo mientras realizaba las tareas de mantenimiento de la unidad en la terminal de la empresa Monsa, en Barracas. Por entonces, la comisión interna de la línea 60, que conserva sus raíces en la izquierda sindical y el trotskismo y que se opone al liderazgo de Roberto Fernández en la UTA, reaccionó de manera violenta ante la muerte de su compañero David Ramallo.
En las cámaras de seguridad de la empresa quedaron registradas las imágenes del desbande: destrozos de las oficinas y un empleado agredido a golpes. Por el episodio, que cuenta con una causa penal en curso, la empresa ordenó diez despidos y veinte suspensiones después de meses con protestas, paros y la decisión de los choferes de no cobrar boleto. Pero hace tres semanas un fallo de la justicial laboral ordenó reincorporar al personal en «aras de la paz social» y anuló los despidos y las suspensiones.
A partir de la escalada de conflictos sindicales, cuyo pico se alcanzó el año pasado, el Ministerio de Trabajo fortaleció el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) como instancia alternativa para la solución de los conflictos laborales. En 2016 se generaron 84.258 expedientes y el porcentaje de acuerdos fue de 26%. Mientras que en 2017 la cantidad de expedientes bajó a 59.922 y se elevó el porcentaje de acuerdos a 39%. El Gobierno considera el Seclo un paso clave para evitar el aumento de los juicios laborales.
Macri se refirió en abril a las mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas. Sin embargo, el mensaje presidencial, expresado en la víspera del primer paro general de la CGT, tenía por entonces un único destinatario: los gremios. Selectivos, los empresarios captaron una parte del mensaje y comenzaron a denunciar sus experiencias.
La Nación
