La Cámara Federal ratificó este viernes el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada Elisa Carrió, luego de que uno de los denunciantes asegurara que le pagaron para acusarla.
Así, la Sala II de la Cámara respaldó la decisión tomada por el juez federal Daniel Rafecas, quien a fines de mayo había desestimado y archivado dos denuncias: la primera se originó en una denuncia de Saúl Enrique Paz, quien más tarde admitió que había recibido $1.500 para acusar a la diputada; y la segunda por una acusación del abogado Mariano Valdez, quien según Rafecas copió la denuncia de Paz.
Luego de presentar su acusación, el albañil Saúl Enrique Paz fue llevado ante la Justicia por la fuerza pública tras no cumplir con la citación dispuesta por el juez Rafecas y, en su declaración, dijo que había cobrado $1.500 por acceder a firmar el escrito de la denuncia, aunque no sabía el contenido.
Según sostuvo este trabajador de la localidad de Derqui, Pilar, fue llevado en auto a presentar la denuncia por la persona que le prometió el dinero, a quién identificó como Alan González.
La presentación que le hicieron firmar a Paz apuntaba a una serie de viajes al exterior que había realizado la líder de la Coalición Cívica, los que, según la acusación, serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional.
Luego de analizar el caso, Rafecas ordenó el archivo del expediente ya que resolvió que las denuncias «no pueden ser consideradas como un instrumento legítimo«, aunque dispuso extraer testimonios, es decir, enviar por sorteo a otro juzgado lo ocurrido para que se abra una investigación penal.
Tras conocer que el denunciante había admitido que recibió un pago, Carrió había advertido que había una «operación política» en su contra de parte del Poder Judicial.
Fuente: Infobae
