El 8 de noviembre de 2015 fue un día intenso para el oficial mayor Héctor «Taco» Peralta, por entonces numerario en la Jefatura Distrital Norte de Lomas de Zamora, legajo interno 113.563. Su teléfono no paraba de sonar. En la zona de la Ribera, en Ingeniero Budge, a metros de la feria La Salada, un grupo se había tomado el atrevimiento de armar 500 puestos callejeros sin la autorización y el pago de un canon a su jefe. Algo inadmisible.
El sobrenombre «Taco» deviene de «taquero», la denominación que en el bajo mundo del delito se les da a los comisarios. Peralta no lo era. Estudió la carrera de suboficial, así que su máxima aspiración era llegar a capitán. Su carrera se cortaría antes. Pero eso él no lo sabía. Tampoco que a partir de ese domingo sus meses en la fuerza estaban contados y que su horizonte era la cárcel.
No era «taquero» pero tenía aire de mandamás; pisaba fuerte en las calles de Budge, en las entrañas de La Salada, la mayor feria ilegal del planeta.
Tenía con qué chapear y lo hacía valer, dentro y fuera de la fuerza. Era uno de los lugartenientes de Jorge Castillo, el «Rey» del lugar, el dueño de Punta Mogote, el hombre que movía unos $900 millones semanales, de los cuales casi un 25% se le iban «en sobres con guita para la cana y la política», como una vez le confió y él mismo pudo corroborar.
Ese 8 de noviembre, la justicia grabó cuatro conversaciones que el policía mantuvo dos veces con Oscar Arrieta, alias «Osqui», acusado por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera como integrante de la asociación ilícita que lideraba Jorge Castillo para apretar y extorsionar a los puesteros que vendían mercadería –de manera ilegal- en las diez cuadras que rodeaban al complejo La Salada.
La tercera llamada fue con otro empleado de «El Rey» que todavía no fue identificado, pero que era parte del entramado mafioso del «Clan Castillo».
Estas tres escuchas, que son reveladas de manera exclusiva por Infobae, demuestran la impunidad con que se manejaban para «apretar» a los puesteros, muchos de ellos de nacionalidad extranjera, para «arreglar» bajo coacción y uso de la fuerza –si era necesario letal- con la familia Castillo «el cobro de cánones» para poder trabajar, el pago de «seguridad» y hasta de «limpieza».
Los cobros compulsivos iban desde montos fijos semanales, hasta una participación en las ganancias de hasta un «50 por ciento». Los audios también ratifican la complicidad de la policía bonaerense, no solo de Lomas de Zamora, que amparaba y participaba de las extorsiones y la recaudación espuria; sino también de otras reparticiones, como la de La Matanza.
Ese mismo domingo, mientras por las calles de la Ciudad de Buenos Aires se realizaba una nueva Marcha del Orgullo por la diversidad sexual, marcada por el clima electoral del balotaje electoral del 22 de noviembre, y que llevaría a la presidencia de la Nación a Mauricio Macri, «Taco» también habló con su patrón quien claramente enojado le aseguró que si no se levantaban los puestos de La Ribera, él mismo llamaría a Osvaldo Granados, el entonces ministro de Seguridad del gobernador Daniel Scioli, y a su jefe de policía, Hugo Matzkin. Pero eso sería después de hablar con «Osqui», quien hasta hoy permanece prófugo.
«Taco» Peralta, en cambio, se trasformó en el preso número 26 de la causa cuando, a instancias de su abogado, se entregó a las 14:30 del miércoles pasado en la sede de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, ubicada en el tercer piso del edificio de la calle Larroque y Camino Negro. Estaba prófugo desde el 19 de junio. Ante el fiscal se negó a declarar. Eso sí, se encargó de dejar asentado que no conocía a ninguno de los integrantes de la denominada banda de «Los Chaqueños» y que no tuvo ningún tipo de relación con ellos.
La mención a ese grupo mafioso no fue casual. En varias de las grabaciones que lo comprometen, él mismo se encarga de hablar de ellos.
Ese 8 de noviembre el mayor «Taco» Peralta no lo sabía, pero su celular era uno más de los cuarenta que la justicia había ordenado interceptar después de desalojar, a fuerza de topadoras y palas mecánicas, el 9 de abril de 2015, unos 7.800 puestos truchos ubicados en la Ribera, y que eran manejados por tres mafias que, para el fiscal Scalera, pertenecían al «Clan Castillo».
El impactante operativo, fue después de una seguidilla de cinco asesinatos de tinte mafioso por la disputa de la ocupación ilegal del espacio público y la venta callejera. En la primera escucha «Osqui» y «Taco» muestran preocupación porque la banda de «Los Chaqueños», que para la justicia era manejada por el propio Jorge Castillo, habían vuelto a armar «200 metros de puestos» y eso «no era lo que habíamos arreglado».
Para la fiscalía, la organización delictiva encabezada por Castillo tenía como «grupo de choque» justamente a la banda de «Los Chaqueños».
Con vos serena, el policía «Taco» le cuenta a «Osqui» que desconocía el nuevo armado de puestos y se muestra extrañado. Lo dice con estas palabras: «Jorge (Castillo) no me comentó nada. Yo hablé con Jorge ayer y no me comentó nada porque si no me hubiese dicho ya el otro día. Mirá que se está por armar. Fíjate. Viste que él siempre te avisa. Pero no me dijo nada. Así que hoy me voy a interiorizar bien, te comento y por si mañana vamos a la radio (por la AM 1300 La Salada, que funciona en Palermo, y de la cual Castillo es propietario) le comentamos también a él, a ver qué quiere hacer. O a ver cómo es la mano. Porque seguramente si armaron también estos es porque se pusieron de acuerdo con los otros mugrientos ¿Me entendés?».
En ese punto de la conversación, «Osqui» corta el relato. «Pero si es mitad y mitad», recuerda. A lo que el lugarteniente de Castillo le responde sin dudar: «Por eso te digo. Entonces mitad y mitad y nosotros que pito tocamos».
Para el fiscal «mitad y mitad» puede significar dos cosas: o que los puesteros informales debían pagarle el 50% de la recaudación al Clan Castillo. O que la mitad de los puestos debían ser manejados por su propia gente.
Cuando el entonces oficial mayor de la Policía Bonaerense nombra a «los otros mugrientos» se refiere a las otras dos bandas que como fuerza de ocupación se dividen el territorio y los negocios y que también, para el fiscal Scalera, están manejadas por los Castillo.
Se trataba de la banda de «Adrián o de River», que respondía a Adrián Castillo, el sobrino de Jorge que también está preso, y la banda de «Los Cucos», cuyo referente sería Leonardo Frías, que al igual que «Oski» por ahora se mantiene prófugo.
La conversación deja entrever que dentro de la misma organización mafiosa, no todos conocían los detalles y que inclusive alguno de los integrantes del «clan», como Adrián, podría haberse cortado solo en parte del negocio para malestar de los lugartenientes de Castillo.
El «Chaqueño»
En el expediente consta que Castillo y su sobrino Adrián delegaban la organización de la banda de «los Chaqueños» -que usaban hasta ametralladoras para amedrentar y extorsionar-, en su mano derecha, Alfredo Almirón, quien también oficiaba como «recaudador» y aplicaba «sanciones» a través de un sistema de seguridad paralelo que funcionaba bajo las ordenes de Adrián Castillo.
El mismo miércoles 5 de julio, horas después que se entregase a las autoridades «Taco» Peralta, una comisión de la Policía Federal Argentina, detuvo a Almirón, que estaba escondido en Campo Largo, en Chaco, su provincia natal, en la casa de un familiar.
En las escuchas Almirón es mencionado con el apodo de «Negro Javi» y está acusado de «coacciones agravadas por el empleo de armas y con el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo».
Su vinculación en la causa empezó en marzo del año pasado, después que un grupo de personas armadas amenazó a puesteros y los desalojó a punta de pistola para quedarse con las estructuras y cobrar un alquiler por ellas.
Parte de esos puesteros eran los que habían comenzado a ocupar esos 200 metros de la Ribera que tanto preocupaban ya en noviembre a «Taco» y «Osqui».
En la causa aún no está debidamente acreditado pero su hermana, Analía «La Gorda Ana» Almirón sería la mujer que aparece en un video flagelando a golpe de cinturón a las supuestas «mecheras» que robaban ropa en la feria y obligándolas a desnudarse y a pasearse de manera degradante en medio de la feria.
La segunda escucha
Pocos después de aquella primera conversación, «Taco» vuelve a dialogar con «Osqui» para informarle que ya había hablado con «El gordo», por Jorge Castillo, quien ya le había comentado «más o menos como fue el tema».
La charla es reveladora en dos aspectos. En primer lugar porque queda en evidencia que Castillo no le contaba todo a su lugarteniente como este suponía.
Y por otro lugar porque involucra directamente a Adrián, el sobrino de el «Rey» en la organización de los puestos clandestinos y los aprietes a los puesteros que no querían pagar el «canon» semanal para vender en la feria trucha.
Lo dice así: «El que organizó todo fue Adrián. Adrián con su gente organizó todo. Se armó medio quilombo ahí. La gente de él discutieron y le preguntaron quien ordenó que pongan los puestos».
En este punto de la conversación, «Taco» cuenta que «un oficial jefe de calle de Budge» (el nombre del policía no aparece mencionado en la escucha), averiguó quién había montado los puestos.
Una vez más surge claramente que los efectivos de la policía de Lomas de Zamora eran cuasi empleados del Clan Castillo.
Las averiguaciones del «poronga» de las calles de Budge dan su fruto. Así surgen los nombres de los dos posibles organizadores de los puesteros que no reportaban a la familia Castillo: «El Árabe» y el «El Piraña» a quienes buscan para pedirles explicaciones, pero no los encuentran.
«Nadie quiere dar la cara», se sincera el policía «Taco» con «Osqui» e inmediatamente involucra en el tema de las extorsiones y la recaudación a la policía de La Matanza. Lo dice así: «Al rato aparecen como seis o siete vagos, entre ellos dos vigis (policías) de Matanza. Y los vigis de Matanza le dicen que habían sido contratados por Adrián Castillo para cobrar acá. Entonces el de calle (por el policía de Budge) le dice (a uno de los policías de La Matanza) ‘pero vos sos o te haces. Cómo vas a venir acá ‘».
Según ese relato, los dos policía de La Matanza contaron que Adrian Castillo les dijo que «estaba todo bien con la comisaría –de Lomas de Zamora-, arriba, allá no se con quien». El resultado final, según «Taco» Peralta, fue que «se pudrió todo y se fueron sin hacer nada y ahora la semana que viene le ponen un móvil ahí».
Es decir, un patrullero policial de Budge, para que no ocupen el lugar sin la autorización del «Clan Castillo». En este punto hay que recordar que después del desalojo de abril de 2015, 50 policías bonaerenses quedaron de consigna para evitar que se volviera a ocupar el espacio público, sin embargo, apenas se retiraron, todo volvió a lo de antes.
Fue en medio de esta disputa cuando Adrián Castillo contrató al chaqueño Almirón para que, junto a «Taco» Peralta, a punta de pistola, recaudaran para la familia de «El Rey de La Salada».
La escucha termina reconociendo que el sobrino de Castillo intentó armar los puestos callejeros sin que los lugartenientes de Jorge Castillo lo supiesen y que por esa razón, «Taco» le pidió explicaciones a Jorge Castillo (algo poco creíble pero así se desprende del diálogo. Y que «El Rey» finalmente le dice que nadie va a armar ningún puesto por fuera de los que ya estaban convenidos.
Es «Osqui» quien finalmente reconoce que Adrian se podría haber cortado solo pero, casi en forma despreciativa, «Osqui» lo llama «infeliz».
Lo dice así: «Hacen el intento. Hacen el intento. Aparte de qué va a ir a hablar ese infeliz si no tiene llegada a ningún lado».
La tercera escucha
Es difícil especular si «Taco» Peralta recuerda hoy, en su pequeña celda de la Unidad Carcelaria Número 40 de Lomas de Zamora, la última comunicación telefónica que mantuvo ese 8 de noviembre y que lo marcaría para siempre.
El diálogo fue con un empleado de Jorge Castillo no identificado aun en el expediente, pero a quien le pregunta también por el «armado de la Ribera» y «el quilombo que armaron». A lo cual su interlocutor le responde: «Eso lo voy a tener que hablar después de la elecciones», en referencia a la segunda vuelta electoral que se realizaría 4 días después de esa conversación.
«Sí, pero se mandó de una ese Adrian (por el sobrino de Castillo) nadie sabía nada».
«Y sí, es mal educado el chico, es mal educado».
«Taco», como anticipando el giro que podría tomar la conversación que giraba en contra de la figura del sobrino de su jefe cambió de tema y le explicó que a Punta Mogote llegó una citación judicial para Jorge Castillo para que declarase como testigo en la causa abierta después del primer desalojo del 9 de abril y las cinco muertes ocurridas en torno a los puesteros.
«El vigilador que está en la feria tiene orden de no recibir nada, pero los –policías de Budge- se habían calentado, lo querían llevar preso adentro de un móvil, todo un quilombo. Bueno bajé yo, hablé con los vigi estos y le dije al vigilador que lo reciba porque era una citación para una testimonial».
En la misma escucha, «Taco» Peralta se ofende porque uno de sus colegas de Ingeniero Budge «agarra y me toma la patente de la camioneta, la marca, todo, y después se van con el papel firmado. No sé qué onda».
–¿De dónde son?, le pregunta su intermediario a «Taco».
–De Budge.
–Ahora voy a averiguar quién fue.
–Fíjate porque no tiene nada que ver. Le dije yo a quien estaba a cargo del móvil que vengo de onda para que te puedan firmar. Para llevar el expediente y el otro se hace el misterioso y me toma la patente de la camioneta. Qué quiere descubrir ¿si es trucha?, no, no es trucha.
Quizás ahora comprenda que aquello que interpretó como una falta de respeto, era el primer síntoma de la pérdida de poder e impunidad que se estaba gestando en la justicia gracias al buen accionar del fiscal Scalera.
Quienes lo conocen afirman que la ficha terminó de caerle no cuando se entregó en tribunales y lo esposaron, sino cuando su hija, Romina Teresa Peralta, se presentó en la Jefatura Distrital de Lomas de Zamora y le entregó a la autoridad policial la pistola Astra 100 calibre 9mm, número de serie Z1525 con dos cargadores y 30 municiones intactas que pertenecían a su padre las cuales, reza el parte oficial «fueron agregadas a las actuaciones administrativas que se instruyen con la intervención de la Auditoría General de Asuntos Internos».
Casi de manera simultánea, el fiscal Scalera le leía la caratula de su causa: «Coacciones agravadas por el empleo de armas, intimidación pública y daño doblemente agravado. Impedir el libre ejercicio de la autoridad, y por efectuarse contra bienes de uso público, todo en concurso ideal entre sí, y a su vez concursando materialmente con robo doblemente agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda (…) en concurso real con el delito de asociación ilícita».
Ni él ni su abogado habían leído las pruebas que pesaban en su contra. Tampoco sabían quién lo había acusado de robarle a los puesteros. Por eso se negó a declarar y apenas atinó a decir que desconocía a la banda de «Los Chaqueños».
El efecto Castillo
Cuarenta y ocho horas antes, «Taco» ya había escuchado en el programa La Cornisa, que se emite en AméricaTV una pinchadura telefónica en la que él habla con Jorge Castillo, en la cual el entonces Mayor de La Bonaerense le asegura que la gente de La Ribera que estaba montando puestos callejeros era «gente pesada».
Fue allí cuando Castillo, con su inconfundible voz, le asegura que puede levantar el teléfono y hablar con Alejandro Granados, por ese entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; o con el ex Jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin».
Lo dice así: «En la semana voy a hablar con… ¿Cómo se llama este el de Ezeiza? Granados. Y con el Jefe de Policía, con los dos voy a hablar».
Si habló o no, eso, por ahora, no lo sabemos. Sí en cambio existen dos certezas. La primera es que si intenta llamarlos hoy desde su pequeño lugar de detención, no lo van a atender.
La segunda, el temor que existe entre los nombrados y la clase política en general, y en el peronismo bonaerense en particular, de que Castillo, quien pidió declarar, prenda el ventilador y cuente sobre sus aportes de campaña, sus viajes a China con el ex secretario Guillermo Moreno, sus vínculos con la cúpula policial de la gestión Scioli, y con los funcionarios de la gobernación y de la intendencia de Lomas de Zamora con quienes mantenía una aceitada relación.
Y todo esto en medio de una campaña política para las legislativas de medio término a punto de arrancar. Por eso cada uno, desde su búnker ya evalúa las consecuencias electorales que «el efecto Castillo» podría llegar a tener.
