Mientras conversa con un cliente que entró a comprar papelillos para fumar, Lucas López (25) abre un cajón del mostrador de su tienda y en un gesto mecánico y naturalmente discreto saca una bolsa pequeña. Del otro lado del plástico transparente brillan con luminiscencia verde unas 10 ó 15 flores de la planta de cannabis. La conversación entre los hombres no se corta por algún tipo de estupor. No hay algo que temer ni razón por la que escandalizarse. A nadie le llama la atención la escena, ni siquiera cuando el perfume a jardín cítrico, como llegado de algún bosque exótico, invade el ambiente. Mientras cobra y despide al comprador, Lucas pica uno de los cogollos que cultivó en el balcón de su apartamento y arma un porro que, en minutos, estará fumando en la vereda de la avenida 18 de Julio, la calle más importante de Uruguay.
Un joven, en una pausa de su día laboral, consumiendo marihuana a plena luz del día, en pleno centro de Montevideo, aquí no despierta la condena de nadie. Los movimientos cotidianos de cualquier avenida no se alteran. Dos mujeres con sus perros conversan mientras los animales se olfatean. Un taxista frena para que un hombre de negocios se suba a su auto. Un policía camina atento a todo, menos al porro. Lucas podría saludar al agente amablemente sin riesgos de ir preso. Fumar no es aquí más indecente que gastarle una broma al policía por la derrota de su equipo de fútbol. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las naciones del planeta, en este país tener y fumar marihuana es una acción amparada por la ley.
Es así que, fiel a su tradición vanguardista en cuestión de derechos individuales, a tres años y medio de sancionada la legalización de la producción, el autocultivo y el consumo de cannabis, Uruguay dará estos días otro paso histórico en la lucha contra el narcotráfico: ofrecerá en las farmacias dos variedades de marihuanaque cualquier residente podrá comprar, sin necesidad de presentar una receta ni dar su identidad y mucho menos ir a buscar al dealer.
Para combatir lo que el ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica llamó «el monopolio de mafiosos», este pequeño país del sur americano, el primero en abolir la esclavitud, y que ya legalizó el aborto, la prostitución y la adopción de hijos en matrimonios del mismo sexo, empezará a vender marihuana producida y regulada por el propio Estado.
La ley, sancionada en diciembre de 2013, también permite el cultivo hogareño o la conformación de clubes cannábicos, espacios donde el cultivo es colectivo y requiere de una membresía y discreción. Es un nuevo paradigma en la política de drogas universal; una forma progresista y liberal de combatir el crimen urbano y una acción novedosa en materia de salud pública (aunque en lo que respecta a farmacias la oferta de cannabis para uso medicinal sigue pendiente).
El Gobierno mantiene en secreto la fecha exacta en que comenzará la venta en farmacias (lo va a anunciar en conferencia de prensa), pero se estima que será el 19 de julio, un día después de la celebración del 187° aniversario de la Constitución nacional. En febrero pasado, durante una visita a Alemania, el presidente Tabaré Vázquez anunció que la tercera etapa de la ley se pondría en marcha a mitad de año. Diego Olivera, titular de la Junta Nacional de Drogas, confirmó a Infobae que ya tienen aseguradas 16 farmacias de todo el país y «posiblemente» cierren en estas horas con otras 20.
Todavía no trascendió qué farmacias que vendarán marihuana. «El día previo a la salida a la venta se va a informar cuáles son y dónde están», aclara Alejandro Antalich, presidente del Centro de Farmacias de Uruguay, que nuclea 300 locales. El proceso de naturalización del cannabis tiene sus restricciones. No cualquiera podrá comprar la marihuana en las farmacias. Para hacerlo es obligatorio ser residente del país y haberse registrado en el Correo como «adquirente», ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). A dos meses de abierta la inscripción, ya hay 4.617 personas habilitadas a retirar hasta 10 gramos por semana, tal como dicta la ley.
«La verdad que estamos muy contentos con esta medida. Evita que muchos jóvenes tengan que ir a comprarle porro a los narcos. Además creo que la ley abrió la cabeza a mucha gente, sobre todo los mayores», sonríe Lucas. Las estimaciones oficiales marcan que el negocio de la marihuana clandestina (la mayoría llega de Paraguay) representa 30 millones de dólares anuales. Pero el valor del gramo en farmacias será de 1,3 dólar (mucho menos que lo que cuesta el prensado paraguayo en el mercado negro) y se venderá en pequeños envases metálicos que contienen inscripciones con advertencias como «no conducir», «no apto para embarazadas», «no niños» y un texto con precauciones y sugerencias para el uso responsable. El propio Tabaré Vázquez remarcó meses atrás: El líder frenteamplista, médico, aclaró aquella vez: «No hay que consumir drogas, ni marihuana ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana ni ninguna droga».
Pero en Uruguay se respeta la Constitución, que exime de la autoridad de los jueces «las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero». A los compradores sólo se les va a pedir que se identifiquen con la huella dactilar, que registraron al momento de anotarse, y un software irá guardando la data de cuánto cannabis compra cada consumidor (al llegar a los 40 gramos por mes se bloquea la venta) y el stock que tiene cada farmacia. La identidad de los consumidores es secreta y sólo se podrá acceder a esa información mediante un pedido judicial.
Paula Mussio tiene 33 años, es ingeniera en alimentos, se dedica a la microbiología y consume cannabis hace años. Tuvo plantas de marihuana en su casa pero desde que se mudó, meses atrás, no tiene espacio ni tiempo para cuidar sus propios cultivos. Por eso apenas el Gobierno anunció que abría el registro se anotó. «Hace muchos años que venimos pidiendo que se active y de cierto modo quería formar parte de esto en alguno de los eslabones. Poder comprar cannabis de un modo seguro en la farmacia de la esquina de tu casa es una opción que hay que usar», comenta. Y, a pesar de que critica al Estado por la demora en la implementación y la escasa cantidad de farmacias incluidas hasta el momento, enumera las ventajas: «Podés comprar poca cantidad en gramos, el precio es bastante accesible, sabés la calidad de lo que comprás, estará estandarizado, y bueno, después cada uno valorará el contenido de THC».
Encuestas oficiales de 2014 indican que en Uruguay -donde viven 3,4 millones de habitantes aproximadamente- consumen marihuana para uso «recreativo» 160 mil personas, de las cuales 105 mil son usuarios ocasionales. El resto es considerado usuario habitual (al menos una vez por semana). El primer grupo insume unas 2 toneladas y el segundo, 32. Es mucho dinero que, de seguir prohibido su cultivo y consumo, iría a parar al mundo narco.
Por eso la legislación es integral. Además de anotarse para comprar en farmacias, los residentes uruguayos pueden hacerlo también como autocultivadores (hay 6.974 ingresados al sistema que pueden tener hasta seis plantas hembras por ciclo de cultivo) o como socios de alguno de los 63 clubes cannábicos habilitados hasta el momento (que hoy nuclean a unos 3.oo0 socios en total).
Uno de los problemas iniciales que se le presenta al gobierno es el de la cantidad que produce. Desde la localidad de Libertad, donde están ubicados los cultivos (custodiados por las fuerzas militares, frente a una cárcel que décadas atrás fue modelo de reinserción social), saldrán en los próximos días camiones cargados con la primera cosecha: apenas 400 kilos de cannabis (menos de lo que transporta en un solo viaje una avioneta narco desde Paraguay) para repartirse en las farmacias; es decir que habrá, al menos al principio, 8 gramos para cada usuario habilitado.
«Es un plan piloto y es importante que comience para ver cómo funcionan las tres modalidades a la vez: autocultivo, clubes y farmacias. Seguramente incrementen rápido la producción», considera el sociólogo Martín Collazo, integrante de Monitor Cannabis, un equipo que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dedicado a estudiar la regulación estatal. Además, se espera que la semana siguiente al lanzamiento de la venta en farmacias ya esté lista una segunda partida de 400 kilos.
Simbiosys e International Cannabis Corporation son las dos empresas uruguayas que obtvieron la licencia para producir cannabis para consumo «recreativo» a pedido del Estado, en la que invierten importantes capitalistas del rubro de la tecnología y de la agricultura, respectivamente. Ambas compañías comenzaron a cultivar en febrero de 2016. Cada una recibió 2.000 plantines nacidos de semillas traídas de un banco genético español. «Si la producción inicial es de 400 kilos es un desastre, nosotros pusimos un invernadero para tener 170 kilos por mes y llegar a las 2 toneladas anuales que pidió el Gobierno», protesta Fernando Saicha, un cultivador argentino que fundó Symbiosis y salió de la empresa a fines del año pasado. Sobre estas diferencias, como tampoco sobre qué tipo de cannabis van a consumir los uruguayos y cuánto THC contiene, el gobierno todavía no respondió.
Acostumbrada a medidas liberales la sociedad uruguaya parece aceptar sin prejuicios la decisión del Estado. Entre 2010 y 2012 el debate público previo a la sanción de la ley fue determinante. Mujica y el resto de los funcionarios hicieron hincapié en el objetivo del Estado. Si bien el consumo no está penado en Uruguay desde 1974, al no ser legal la compra se propició el negocio ilegal. «Hay más de 100 mil personas, la mayoría muchachos, que esporádicamente consumen algún porro de marihuana por acá o por allá.
Y están atrás de la aventura de comprarle algo al narcotráfico, por aquí o por allá, porque todo este mundo es clandestino aunque el hedor se suele ver y sentir por muchas partes.
El consumo está a la vuelta de la esquina y ha originado un mercado clandestino que, por la clandestinidad, tiene sus feroces reglas», defendió el proyecto Mujica en aquel momento, como refleja el libro «El Camino. Cómo se reguló el cannabis en Uruguay». «Hay que combatir el narcotráfico y sacarles el mercado», remarcó cuando apareció la iniciativa el entonces ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.
En 2014, una encuesta privada a 968 personas reflejó que entre «la venta en farmacias con calidad controlada por el Estado» y «comprarla a la mafia de las drogas», el 78% de los consultados eligió la primera opción. Sin embargo, algunos sectores políticos se oponen todavía al proyecto. El diputado y ex titular de la comisión de Adicciones Alvaro Dastugue (el primer pastor de la Iglesia Pentecostal en llegar al Parlamento) no oculta su disconformidad con la medida. «Tengo una postura muy contraria a la ley porque entiendo que ha logrado promocionar el consumo de marihuana y bajar la percepción del riesgo en adolescentes. Tenemos en aulas muchos jóvenes bajo el efecto del consumo de marihuana.
La noción de que es legal es que no hay problema», comenta el diputado del Partido Nacional, quien recientemente se mostró contrario al matrimonio homosexual y el aborto y le aseguró a Infobae que, si en algún momento gobernara su partido, él buscará derogar todas esas leyes, incluida la de marihuana: «La ley nació para disminuir la inseguridad y con el objetivo o la motivación de que se iba a reducir el narcotráfico. Hasta ahora sucedió todo lo contrario; el consumo aumentó y nuestro país vive una ola de inseguridad insoportable».
«El objetivo social aún no se puede evaluar. El 60% de los usuarios sigue vinculado a redes narco directa o indirectamente», explica Collazo, pero también remarca que «la curva de crecimiento de consumo bajó» mientras que en los países donde es ilegal «creció entre 1 y 2 puntos porcentuales».
«Para nosotros la marihuana sigue siendo una sustancia de riesgo así que queremos controlar lo más efectivamente posible el consumo», repite Julio Calzada, uno de los creadores de la ley, quien estima que con esta legislación, aún sin la venta en farmacias, el negocio narco ya se quedó sin 12 mil potenciales clientes.
Según un estudio de Monitor Cannabis, la Policía registra una disminución de la venta de marihuana clandestina en las zonas donde hay más autocultivadores y clubes cannábicos, que son los barrios más acomodados de Montevideo. Sin embargo, en las zonas vulnerables se incrementó la violencia entre bandas y se mantienen las bocas de expendio de drogas ilícitas. «Esa es la flojera que le critico a este gobierno, tenemos que abastecer a esas zonas y 400 kilos es una gota en el mar», remarcó la médica Raquel Peyraube, que trabaja hace 30 años con la problemática de drogas y es una de las impulsoras conceptuales de la nueva ley, como asesora del Estado.
Nacida en Montevideo y formada en Argentina, ya en 1987, cuando Uruguay acababa de recuperar la democracia Peyraube, que aclara que no fuma, recetaba marihuana a los usuarios para que cuando fueran víctimas de las razzias policiales los comisarios la llamaran a ella. Entonces aparecía la médica y le explicaba a las fuerzas policiales que el uso que le daban esos chicos era terapéutico. «Me odiaban los policías», ríe ahora, en su departamento del barrio Punta Carretas. Su prestigio en relación a la temática de legalización de drogas actualmente es global. La semana próxima dará una charla en Colombia, la siguiente en Buenos Aires y luego viajará invitada a Sudáfrica a presenciar un juicio contra consumidores de cannabis. Aunque no esconde críticas a la forma de implementación y al tiempo que el Gobierno demoró en instalar la venta en farmacias, Peyraube defiende la legalización y argumenta contra la postura del diputado Dastugue. «Todo lo que el prohibicionista dice que va a pasar en un régimen de regulación, ya pasa con la prohibición. Que consumen los menores, ya consumen. Que se inician en edades cada vez más tempranas, hoy están en 12 ó 13 años. ¿De qué estamos hablando? Todo eso ocurrió en régimen de prohibición, de ausencia del Estado en las políticas públicas», expresa con énfasis.
La cultura cannábica es cada vez más aceptada en Uruguay. Los negocios como el de Lucas venden desde remeras alusivas a la legalización a ropa interior con el estampado de la hojita de la planta milenaria, una marca de yerba mate lanzó meses atrás su variedad cannábica, se editan libros sobre la temática y las tiendas que venden insumos de consumo y cultivo, conocidas como grow shops, siguen abriendo y ya son cerca de 30 sólo en Montevideo. Lucas López, además de tener su propio negocio desde hace casi dos años, fuma con su papá Mario y le hace tinturas a su mamá para dolores reumáticos. La naturalización del consumo se extiende entre las familias.
Mario Silva, un vendedor ambulante que trabaja sobre la avenida 18 de Julio hace 30 años, hace poco agregó a su puesto de callejero de venta de baratijas, insumos para fumar cannabis. «Sí, se vende, funciona bien, acá se acepta todo, somos un país libre», ríe el hombre de 54 años, que recuerda que cuando era joven «teníamos que fumar marihuana escondidos porque nos podían meter presos y dar una paliza».
Uruguay no quiere convertirse en un sitio de turismo cannábico. Pero atraviesa una fervorosa fase de liberación de prejuicios, al punto que meses atrás abrió el primer Museo de Cannabis del país, a cargo de Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y ex integrante de la empresa Symbiosis. «Al museo llegan de todas las partes del mundo y hay que explicarles que no vendemos. Sin embargo, en el patio siempre hay gente fumando. Es una etapa de libertad muy linda», resume Fernando, el guía del museo, donde se exhiben todos los productos que pueden salir derivados del cannabis: desde cuerdas hasta alimentos.
«Este año fue el boom de las flores de los balcones. En abril, cuando recién había sido la cosecha, se sentía el perfume de la flor en las calles», dice Lucas para graficar esta nueva época, y con una exageración romántica, agrega: «Es el aroma de la libertad».
Mussio agradece vivir un momento que ella considera histórico: «La ley es una señal muy relevante con respecto al cambio de visiones y paradigmas en las políticas de drogas. Que se empiecen a discutir salidas alternativas al prohibicionismo es muy necesario y estoy orgullosa de que mi país sea el que innova».
Para Peyrabue, la legalización y, sobre todo la venta en farmacias, es una decisión que apunta a mejorar la salud no sólo física sino también moral de un país. Lo explica sin rodeos: «La ilegalidad promueve la corrupción. Por lo tanto ni por razones políticas, ni económicas, ni de derechos, ni de salud conviene mantenerse en régimen de ilegalidad. En lo personal si tengo consumo de sustancias de riesgo, aspiro a que sea controlada por los gobiernos y no por las mafias».
