El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá la declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa en que se investiga la compra de un edificio para la Procuración, efectuada en 2013 por $ 43,8 millones (unos 8 millones de dólares de esa época), dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Ahora, el juez federal Julián Ercolini deberá resolver si cita a la jefa de los fiscales, que integra la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima.
Desde que asumió, el Gobierno viene intentando desplazar a Gils Carbó, y confía en que esta acusación puede desembocar en una embestida para sacarla del cargo.
Sugestivamente, la procuradora concedió el lunes una entrevista a Radio Con Vos y dijo que no piensa irse y que, si se firma un decreto para removerla, ella resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo. La procuradora es investigada por la operación y se sospecha que el hermano de un funcionario de su área cobró una comisión de $ 3 millones.
La compra por el edificio de Perón 667, donde Gils Carbó tiene su oficina, se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le pagó unos $ 3 millones de comisión, y que es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La firma vendedora del edificio -Arfinsa, de la familia Bemberg- pagó $ 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de $ 3 millones a Thill.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión. De hecho, el contrato entre la inmobiliaria y el broker se hizo el 4 de marzo de 2013, y la licitación para la compra se publicó el 6 de marzo de 2013.
Mediante la resolución administrativa 317/2013, Gils Carbó convocó a la licitación. Hubo cinco ofertas, pero ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró del Estado y pagó $ 7,7 millones de comisión.
Gils Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en los tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra, porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno.
La procuradora, cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo, anuló una licitación previa y llamó a una nueva para comprar un edificio.
El solar de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato, el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba a buen precio, porque es un edificio histórico protegido que no se puede modificar. Se pagaron $ 43,8 millones.
La procuradora reconoció que hubo irregularidades y dispuso la suspensión preventiva del funcionario Bellingi.
El lunes, en declaraciones radiales, se defendió: «La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias. No sería la primera vez que me citen a una indagatoria. No puedo desatender el rol que me impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del Gobierno», aseguró.
«Sería un escándalo que intenten removerme. Veo un afán de concentración del poder y por eso siento el compromiso de quedarme en mi cargo»Alejandra Gils Carbó, procuradora General de la Nación
Gils Carbó habló de que existe una «presión» del Poder Ejecutivo Nacional para que abandone su oficina. Rechazó, además, los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien aseguró que le había pedido la renuncia en una reunión privada. «No es cierto, es parte de lo que se está creando para que el falso rumor pase a ser noticia», analizó.
Sin embargo, anticipó que si la echan por decreto promoverá acciones judiciales y «habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales».
«No puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto y, por qué no, a los ministros de la Corte, si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes».
Sobre su participación en Justicia Legítima, Gils Carbó admitió ser «miembro de la comisión directiva», pero aclaró que son «un grupo de magistrados progresistas en el ámbito de la Justicia» que «no tiene afiliación partidaria, como se ha querido hacer creer».
«No tengo vinculación política con el kirchnerismo. Fui examinada durante seis horas por los senadores que votaron en un 93% mi designación. Encontraron garantías de independencia», se defendió.
