El juez Sebastián Casanello procesó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte entre 2003 y 2009, por el delito de malversación de caudales públicos por haber utilizado un auto para cumplir sus funciones aunque tenía un destino diferente dentro del Estado.
Casanello firmó el procesamiento de Jaime, quien en una causa similar fue procesado por el mismo delito junto a Claudio Uberti, quien estuvo a cargo del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) hasta que fue eyectado del gobierno kirchnerista por el escándalo de la valija repleta de dólares del venezolano Alejandro Antoni Wilson.
En ambos casos se determinó que Jaime había pasado a usar un auto que estaba asignado a otra función dentro del Estado. El vehículo que le cedió el OCCOVI era de una empresa que tenía a su cargo la concesión de una autopista y que debía estar al servicio del control de esa ruta con peaje. Sin embargo, el automóvil de la empresa IECSA, propiedad de la familia Macri, estaba destinado al control de una obra pública ferroviaria que realizaba esa empresa.
El Volkswagen, Passat, patente FOX-299, propiedad de IECSA, había sido entregado a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de acuerdo al pliego de condiciones de la concesión otorgada a esa empresa para la obra «alteo del pedraplén del FFCC. Gral. San Martín en Laguna La Picasa – Sección Diego de Alvear – Aarón Castellanos (Provincia de Santa Fe)». El auto debía utilizarse para la supervisión de las obras adjudicadas mediante la licitación pública internacional 01/2005. Pero no fue así.
En la investigación por enriquecimiento ilícito de Jaime se determinó que el vehículo se había usado para algo diferente a lo que mandaba el pliego de licitación. Era el auto del secretario de Transporte. Y eso no se puede hacer. Está penado.
El delito por el que fue procesado Jaime (y antes también Uberti) está contemplado en el artículo 260 del Código Penal que establece que «será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída».
La demora en el caso se debe a una serie de apelaciones, idas y vueltas que llegaron hasta la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal. Eran dos causas judiciales similares. En una estaban Jaime y Uberti como co procesados y en la otra solo el ex secretario de Transporte.
Jaime y Uberti fueron imputados por el fiscal Carlos Rívolo por el delito de peculado de uso que tiene una pena mayor al de malversación de caudales. Intervinieron dos jueces federales. Norberto Oyarbide (hoy jubilado) primero y desde octubre de 2012 lo hace Casanello, quien desde entonces está a cargo del juzgado federal 7. Hasta aquel momento Oyarbide había citado a indagatoria a Jaime y a Uberti y luego el caso quedó en manos de Casanello. Rívolo pidió el procesamiento de ambos y Casanello determinó que el caso había prescripto porque enfocó la investigación como una de malversación de caudales públicos. Rívolo apeló.
Intervino la Sala I de la Cámara Federal. La apelación de Rívolo fue respaldada por el fiscal de Cámara Germán Moldes. Los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler sostuvieron que Casanello tenía razón y dictaron la prescripción del caso y el sobreseimiento de Jaime y Uberti. Pero el fiscal Diego Velasco, que reemplazó a Moldes durante una licencia, presentó recurso de casación. Así se abrió la intervención de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
El recurso de Velasco fue sostenido por el fiscal de Casación Raúl Omar Pleé. Los jueces de Casación Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci convalidaron en junio de 2016 el pedido de los fiscales, mientras que el tercer integrante de la Sala -Eduardo Riggi- votó por la prescripción.
Pero aquella decisión de Casación solo servía para el caso en el que Jaime y Uberti estaban involucrados. Fue así que en septiembre de 2016 Casanello firmó el procesamiento de Jaime y Uberti.
Recién en abril de este año los mismos jueces de Casación resolvieron el caso en el que Jaime está procesado en soledad. Lo que habilitó la posibilidad del procesamiento firmado por Casanello la semana pasada.
Casanello había procesado a Jaime y Uberti por el delito de malversación de caudales y no por el de peculado de uso que era lo que pidieron los fiscales. Sostuvo el juez que los autos nunca fueron sacados de la órbita del Estado aunque Jaime los usara no solo para ir y volver de su casa a su despacho. Mantuvo la calificación de malversación pero a instancias de lo resuelto por Casación no consideró prescripto el caso. Los mismo sucedió con el expediente en el que Jaime estaba sin compañero de procesamiento.
Pasaron años y tras la intervención de diferentes estamentos judiciales hasta llegar a este nuevo procesamiento. Tal vez Jaime apele y el caso seguirá su camino lento hacia un juicio oral y público. Si es que alguna vez se llega a esa instancia.
El caso -menor por cierto entre los que tiene Jaime en su haber- comenzó en noviembre del 2011. Recién después de seis años Jaime podrá ir a juicio oral y público en caso que la Cámara Federal confirme el procesamiento.
