En medio de la embestida del gobierno de Mauricio Macri contra las «mafias sindicales», el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, llevan adelante investigaciones impulsadas por denuncias de la AFIP contra un conjunto de gremios acusados de operar con facturas truchas, que alcanzaron incluso al sindicato de estaciones de servicio liderado por Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT.
Armella realizó un allanamiento al sindicato de estaciones de servicios que lidera Carlos Acuña, en una megacausa que investiga una posible evasión y fraude fiscal de unos 3000 millones de pesos en unas 200 instituciones.
El procedimiento se produjo la semana pasada con inspectores de la AFIP, pero recién trascendió el viernes, y se secuestró una gran cantidad de documentación cuyo contenido no trascendió porque forma parte del secreto fiscal. En rigor, Armella venía investigando al contador Angel Guidoccio, a quien se vincula con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, allegado a Macri.
La causa se originó hace un año por una denuncia de la AFIP. Según pudo saber LA NACION de fuentes gubernamentales, la Casa Rosada conocía la investigación y el operativo que se hizo en la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra). «En realidad se allanaron varios gremios vinculados al estudio contable de Guidoccio y dicen que hay intención de perseguirlos, pero es un tema de la AFIP», dijo un ministro.
Según fuentes del juzgado de Armella, el foco investigativo es una organización de facturas apócrifas que fueron distribuidas entre empresas, sindicatos, organismos oficiales e instituciones. En mayo último, por la misma causa, hubo allanamientos en el Ministerio de Economía del gobierno de Santiago del Estero que dirige Claudia Ledesma, y en dos ministerios bonaerenses, el de Producción y la dirección de Cultura y Educación, de la gestión de María Eugenia Vidal. La red nutriría de facturas truchas a otras dependencias en Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Neuquén y Río Negro, según la investigación.
Paralelamente, en junio, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, hizo unos 200 allanamientos por facturación apócrifa, entre ellos el del sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano. En marzo, en otra causa, la misma magistrada había secuestrado documentación del gremio gastronómico, de Luis Barrionuevo, que está analizando la AFIP por facturas truchas y posible violación a la ley penal tributaria.
El monto total estimado del fraude fiscal que investiga Armella es de 3000 millones de pesos. El sindicato de Acuña sería apenas uno de las 200 instituciones investigadas. No obstante, fuentes judiciales no descartaron que en los próximos días Acuña sea imputado.
No está definido el delito. Podrían ser evasión o fraude fiscal. El tema cobra relevancia política porque Acuña responde a la línea cegestista que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo y es uno de los tres miembros de la conducción de la CGT.
Sin embargo, consultado por LA NACION Acuña minimizó la investigación. «Es una denuncia contra empresas y vinieron a pedir unas facturas, las entregamos y está todo bien», dijo el jefe estacionero. «No es una causa contra el sindicato. En dos años que buscaron hay siete u ocho facturas de servicios que están autorizadas por la AFIP, con comprobantes de pago. Nuestra área contable antes de hacer un pago consulta siempre con la AFIP y ésta dice si es buena o no», agregó Acuña. «Estamos absolutamente tranquilos, en todo caso el que tiene problema es la AFIP, porque si ellos te autorizan…», agregó.
Según señalaron a LA NACION fuentes de la AFIP, las facturas pueden haber sido legalmente impresas, pero ello no significa que el proveedor sea o no apócrifo al momento de expenderlas.
Según fuentes judiciales, también podría existir el delito de asociación ilícita imputable a la organización dedicada a hacer facturas truchas. En la causa hay indicios de que se valieron de personas indigentes, a los que se pagaban 400 pesos, para conformar sociedades y hacer facturas ficticias para empresas, sindicatos u otras organizaciones.
En el caso de un sindicato u organismo público podrían usarlas para simular gastos y justificar faltante de dineros públicos. En el caso de empresas, se usan para elevar los gastos y bajar la carga fiscal.
El secretario general de la Unión del Personal Superior (UPS) de la AFIP, Julio Estévez, dijo a LA NACION que «la megacausa gira en torno de una maniobra masiva de facturación apócrifa que alcanzaría los 3000 millones de pesos e involucra a uno de los líderes de la CGT, esperemos que la justicia actúe con celeridad para aclarar la cuestión».
El adversario de Acuña y líder del sindicato de estacioneros del interior, Carlos García, aprovechó para criticarlo y dijo que «Foesgra está en concurso preventivo y acusada de ser una red mafiosa de fraude fiscal ante la Justicia».
La CGT repudió la presencia del presidente brasileño Michel Temer en el país y lo acusó de llevar adelante una reforma «que retrocede las condiciones laborales 100 años atrás». A través de un comunicado, la central obrera advirtió que los cambios en la legislación son un «laboratorio para avanzar contra todos los derechos históricos de los trabajadores» en la Argentina.
La central obrera asegura que la reforma laboral «afecta negativamente más de 120 aspectos que protegían las condiciones de trabajo». Además cuestiona que «al imponer la negociación sin presencia del sindicato, se facilitará la imposición de condiciones».
La CGT sostuvo que el Gobierno de Macri querrá introducir los mismos cambios después de octubre. «Ese es el proyecto de las fuerzas de derecha en el poder», concluyó.
