Hace dos años, Jorge Alberto Mas fue candidato a intendente de Pehuajó, una pequeña localidad bonaerense ubicada a 360 kilómetros de la Capital Federal. De origen radical, encabezó la lista de Cambiemos. Hizo una buena elección, pero terminó en el segundo lugar: perdió a manos del Frente Para la Victoria (FPV). Meses después recibió otra mala noticia: su nombre aparecía en la lista de aportantes a la candidatura presidencial de Mauricio Macri, con $50.000, aunque no había puesto ni un centavo de su bolsillo. Hay otros 18 casos similares en Pehuajó. Ninguno aportó a la campaña, pero todavía siguen apareciendo en los listados oficiales.
Las irregularidades con los aportes privados, detectadas por los auditores de la Cámara Electoral, son uno de los motivos por los cuales la jueza María Servini desaprobó este viernes las cuentas de todas las fuerzas políticas. Pasaron casi dos años. En caso de ser confirmadas, las sanciones se harán efectivas después de la campaña.
Jorge Mas fue a la Justicia y logró que lo quiten del listado de aportantes de 2015. «Yo hice una denuncia pública el año pasado y me convocaron del juzgado federal de Junin. Después mandé carta documento a las autoridades de la UCR, a la Cámara Electoral y a Cambiemos.
Figuraba que había hecho un aporte de 50 mil pesos en un banco de Capital Federal por donde nunca pasé», contó el sábado ante la consulta de Infobae. Por el escándalo, decidió romper con el bloque de Cambiemos.
En su reemplazo apareció, llamativamente, el diputado nacional Pablo Torello, hermano de José, apoderado del PRO y hombre de estrecha confianza del presidente. «La única modificación es el reemplazo de un aportante originalmente informado como Jorge Alberto Mas con un aporte de $ 50.000,00 por el Sr. Pablo Torello por el mismo monto de aporte», destaca el último informe de la Cámara Electoral y al que tuvo acceso Infobae.
Torello es diputado por la provincia de Buenos Aires. El viernes, a la misma hora que se conocía la decisión de Servini contra todas las fuerzas políticas, estaba haciendo una recorrida de campaña en la ciudad de Pehuajó, donde se hay varios aportantes «truchos». Pura casualidad.
El hermano del apoderado del PRO es oriundo de Bragado, donde se destacaba como productor agropecuario, y llegó al Congreso en diciembre de 2015, con la ola amarilla. En los últimos meses fue noticia porque quedó ubicado entre los 10 diputados más ricos, con $24.348.481 de patrimonio, según su declaración de fines de 2015.
En Pehuajó hay un total de 19 aportantes truchos. «Soy empleado municipal, gano 8.000 pesos, ¿de dónde voy a sacar esa plata?», se quejó ante InfobaeClaudio Fadon, que fue candidato a concejal en 2015 y también aparece en los listados con un supuesto aporte de $25.000. Otro caso similar es el de Maximiliano Pilmartiri, un abogado que descubrió las irregularidades de casualidad, mediante una consulta en internet. Ambos siguen en los listados. Nadie los convocó pese a las denuncias públicas.
El cuerpo de auditores de la Cámara Electoral destacó esas irregularidades en el último informe sobre Cambiemos. «En función de lo manifestado, es preciso advertir que existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación debido a que existen personas declaradas como aportantes y que no habrían realizado el aporte», concluye el apartado sobre «aportes privados de personas físicas».
No es todo. Los especialistas contabilizaron $10.207.000 de aportes realizados por personas que estaban inhabilitadas por la ley 26.215, que prohíbe las contribuciones de directivos de empresas concesionarias de servicios públicos y establece topes máximos.
Las irregularidades también aparecen en los balances del Frente para la Victoria (FPV). Hay aportantes con nombres o datos incorrectos, y decenas de monotributistas de las categorías B, C y D. Se destaca el caso de Martín Balatti, que estaba inscripto en la categoría B (con un límite de facturación anual de $48.000) y supuestamente había aportado $30.000.
Pero los auditores posaron la lupa sobre tres aportantes de $10.000: Ángela Beatriz Fabra, que figuraba como beneficiaria de una vivienda social; Rosalía Inés Zorzoli, quien estaba procesada con prisión preventiva por tráfico de cocaína, y Maximiliano Castrillón, procesado por trata de personas. Nunca fueron retirados del listado.
¿Cuál fue la respuesta del apoderado de la lista que encabezaba Daniel Scioli? Según consta en el informe, dijo que «en el proceso de una campaña electoral se cuenta con muy poco tiempo para realizar los controles necesarios para ajustarse a la normativa y que, a pesar de ello, la alianza efectuó controles minuciosos dentro de sus posibilidades».
Las auditorías de la Cámara Electoral fueron la base para un bochazo masivo: el viernes, la jueza electoral Maria Servini desaprobó las cuentas de campaña de los principales candidatos presidenciales de 2015. Para la Justicia, no se justificaron el origen y el destino de los millones invertidos en la campaña.
Aunque es inédita, la decisión no tendrá efectos en el corto plazo porque llegó demasiado tarde. Los partidos apelarán en los próximos días y podrán disponer de los fondos para la campaña. El show debe continuar.
